Ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, el representante del Parlamento Laboral, Fernando Ibarra, pidió se definan claramente los procedimientos a implementarse dentro del proyecto que reforma las leyes que rigen el sector público, para que garanticen la debida tutela de los derechos de los trabajadores, mientras que la Central Unitaria de los Trabajadores solicitó llevar la propuesta a territorio.
Fernando Ibarra consideró que no se puede excluir a los trabajadores de la negociación de las remuneraciones, a menos que se genere un ente que lo haga de manera conjunta con delegados de los servidores públicos, a la vez que sostuvo que falta precisión en cómo viabilizar la sindicalización, la huelga y el derecho de negociación.
Por último planteó definir si este proceso será solamente de adecuación normativa o si se aprovechará para mejorar los contenidos de la LOSEP, buscando tutelar de mejor manera los derechos de los actuales y futuros servidores públicos.
“No nos preocupa en que leyes constarán los derechos de los trabajadores, sino que estén debidamente tutelados”, dijo Fernando Ibarra.
CUT
Liliana Durán Aguilar, presidenta subrogante de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, propuso a la comisión establecer un cronograma con la finalidad de llegar a territorio y obtener todos los insumos de los trabajadores en las diferentes localidades del país. Igualmente desarrollar talleres para que todos estén informados de este proceso y con esa base desarrollar las propuestas.
Destacó que la CUT se encuentra con el firme propósito de llevar adelante el proceso de diálogo para incorporar todos los elementos y preocupaciones de los trabajadores del país hacia la LOSEP.
Subrayó que una vez que se aprobaron las enmiendas constitucionales el compromiso establecido en la transitoria es que la Asamblea Nacional concedió 180 días a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para que emigre los derechos y garantías de los trabajadores establecidos en otros cuerpo legales hacia la ley que va a regir el servicio público, que es la LOSEP.
“En las manos de todos, está la nueva legislación que regirá al sector público”, destacó el asambleísta Fausto Cayambe.
La presidenta de la Comisión, Marllely Vásconez, agradeció a las dos organizaciones, que son delegadas permanentes de en este trabajo y no descarta llevar el tema a territorio.
Indicó que la Constitución y las enmiendas constitucionales son mandatorias para todos los ecuatorianos y en función de eso, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores se mantienen intactos, no se tocan, porque no hay regresión de derechos y lo que se norma es en adelante.
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