La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, dedicó especial atención al estudio del proyecto de reformas al Código Penal, de iniciativa del Ejecutivo, que busca establecer proporcionalidad entre la magnitud del delito de tráfico de combustibles y las sanciones.
Riesgo a la seguridad interna
En la sesión 225, Sandra Molina, del Ministerio Coordinador de Seguridad, manifestó que el tráfico y comercialización ilegal de combustibles a más de causar un grave perjuicio económico, en razón del financiamiento que el brinda el Estado a los productos derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, constituye un grave riesgo a la seguridad interna del país.
Comentó que la dinámica es particular y diferente en las mismas zonas fronterizas. Así, en Esmeraldas y Sucumbíos el contrabando tiene un alto grado de conflictividad por la presencia de grupos irregulares armados, que demandan grandes cantidades de combustibles, lo que determina que el producto sea rentable y provoca, a su vez, delitos conexos: narcotráfico y la minería ilegal, agregó.
En Carchi, El Oro y Loja el contrabando de combustibles surgió como una especie de sustento y forma de vida cotidiana, pero hoy el negocio ha dado paso a la conformación de organizaciones y redes criminales y delicuenciales transnacionales. Por tanto, el tráfico ilícito ya deja de ser una actividad aislada para convertirse en actividad delictiva que tiene gran incidencia y afecta a la seguridad interna nacional, enfatizó.
Respaldó la modificación al COIP presentada por la Presidencia de la República, en cuanto a la proporcionalidad de la pena para sancionar el contrabando, tomando en cuenta la modalidad y la dinámica de la actividad en cada zona geográfica, especialmente en el sector de frontera.
Sanción económica
La asambleísta Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, dijo que la lógica respecto de proporcionalidad tiene que verificar las diferencias del tráfico tanto al interior del país como en el área fronteriza, tras señalar que es pertinente analizar, de manera técnica, la implementación de sanciones económicas para el contrabando menor.
De su lado, la parlamentaria Magali Orellana mencionó que en el cantón Aguarico, parroquia Rocafuerte, ciertos habitantes, de escasos recursos, almacenan combustible para el desarrollo del transporte fluvial, por lo hay que tener mucho cuidado en identificarlos como delincuentes.
Incendios forestales
Mientras Luis Fernando Llumiquinga, de la Universidad Internacional, precisó que si bien se justifican las sanciones para los responsables de incendios forestales, hay que crear conciencia de prevención y, lo que es más, hacer efectiva la remediación.
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