La Comisión de Educación remitió a la Presidenta de la Asamblea el informe para primer debate del proyecto de Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), de iniciativa del asambleísta Raúl Abad, titular del organismo.
Aportes y observaciones
En el marco de la socialización de la propuesta, el ente parlamentario recibió los criterios, observaciones y aportes del CEAACES, de la Escuela Superior Politécnica Servio Tulio Montero Ludeña, de la Universidad Interamericana del Ecuador (UNIDEC), de la provincia de Chimborazo; del Consejo de Educación Superior (CES), de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y del Plan de Contingencia del CES.
En el informe, se menciona que hasta antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el Ecuador enfrentó un vertiginoso e inorgánico proceso de privatización de la educación superior, en el que el 60% de las universidades y escuelas politécnicas eran particulares.
Este acelerado proceso de privatización con pocos obstáculos legales, condujo al arancelamiento del sistema público, a profundas desigualdades en el acceso a la educación superior, a la elitización de la matrícula, a una baja pertinencia de la oferta académica, a un exiguo desarrollo de la investigación y la precarización laboral del personal académico. En definitiva, a la mayor crisis de calidad del sistema de educación superior que se conozca en nuestro país.
Destaca también que la suspensión se sustentó en un sólido marco normativo y en un prolongado proceso de evaluación técnica, que inició el 2008 con la expedición del Mandato Constituyente No. 14, que dispuso al Consejo de Evaluación y Acreditación (CONEA) preparar un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los centros, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.
Posteriormente, la Ley Orgánica de Educación Superior, promulgada el 2010, fijó un plazo de 18 meses para evaluar a las universidades y escuelas politécnicas ubicadas en la categoría E y estipuló que las que no cumplan los parámetros de calidad queden definitivamente suspendidas.
El 11 de abril de 2012, el CEAACES resolvió suspender de manera definitiva a 14 universidades y escuelas politécnicas, por haber obtenido un dictamen técnico de No Aceptable, decisión que fue aprobada por el CES el 12 de abril de 2012.
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