El segundo debate del proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas se efectuó este martes 2 de febrero. Allí, Fabián Solano, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, como ponente del proyecto, defendió la validez de la propuesta, argumentando que es absolutamente legal y constitucional.
“Es una ley que da la posibilidad de que todos los servidores públicos del país: el soldado que se encuentra en su destacamento en la amazonía, el profesor que se encuentra dando sus clases en la serranía, el empleado del Municipio de Balzar o del Consejo Provincial de Manabí, los empleados de todas las instituciones del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las entidades autónomas, cumplan el mandato constitucional de declarar sus bienes patrimoniales; esta ley no tiene ningún tinte político y peor ideológico; no se trata de una ley ni de izquierda ni de derecha, sino una norma que moderniza la Patria”, dijo.
Señaló que se trata de una propuesta que busca facilitar la presentación de la declaración, de modo que sea rápida, efectiva y gratuita, accediendo a las herramientas tecnológicas que en la actualidad ofrece el internet, tal como se hace ya en otras instituciones públicas.
Según la propuesta, los servidores públicos deberán rendir sus declaraciones patrimoniales juramentadas directamente ante el Contralor General del Estado, sin la necesidad de elevar el documento a escritura pública ante un notario.
“El notario púbico tiene la capacidad constitucional y legal de dar fe de la persona que va ante él a hacer un acto, en este caso una declaración patrimonial juramentada, pero él no da fe, ni siquiera firma el contenido de esa declaración juramentada”, señaló Solano.
A su criterio, la presentación “on line” está plenamente garantizada. “Los artículos 2, 9 y 13 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos dan plena validez a este acto jurídico. La responsabilidad (de los contenidos) es del declarante”, dijo.
La Contraloría General del Estado es la autoridad pública competente para recibir las declaraciones, la que tiene la obligación de ejercer su gestión y hacer la revisión periódica de esos documentos, añadió.
El proyecto guarda concordancia con el artículo 231 de la Constitución de la República, según el cual todo servidor público tiene la obligación de rendir su declaración patrimonial juramentada al iniciar y al finalizar su gestión.
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