La Asamblea Nacional envió al Ejecutivo el proyecto de Ley para la Presentación de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas aprobado con 83 votos por el Pleno del Legislativo el pasado 11 de febrero. El documento, que fue remitido mediante oficio PAN-GR-2016, se encuentra en análisis de la Presidencia de la República a partir del 12 de febrero y tiene plazo de 30 días para sancionar u objetar la propuesta, de conformidad con lo que determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“La Asamblea Nacional ha cumplido con otra de sus deudas de dar a la Patria leyes claras, efectivas y expeditas para el cumplimiento de ciertas obligaciones que tenemos los ciudadanos. En este caso damos cumplimiento al artículo 231 de la Constitución de la República que determina la obligatoriedad de todo servidor público de declarar su patrimonio al inicio y fin de su gestión o, como en el caso de funcionarios de carrera y miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, de hacerlo de manera periódica, inclusive cuando van a ascender a un nuevo cargo jerárquico dentro de sus carreras”, señaló Fabián Solano, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que tramitó el proyecto.
El proyecto recientemente aprobado regula todos los momentos de la emisión del documento por parte de los funcionarios públicos, permite la presentación del mismo de manera gratuita directamente ante el Contralor General del Estado y elimina la obligación de hacerlo ante notario público.
“El artículo 16 de la Ley de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas que aprobamos dice que la información es pública. Así, prevalece el precepto del adagio popular de que quien nada debe, nada teme. Ahora la información patrimonial de asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales, soldados, generales, coroneles, etc, será pública. Gracias a esta normativa el pueblo tendrá la posibilidad de conocer el patrimonio con el que inician o con el que terminan sus funciones todos los que conformamos el sector público”, dijo Solano.
El proyecto ingresó al Consejo de Administración Legislativa (CAL), en mayo del 2013, como iniciativa del Presidente de la Función de Transparencia y Control Social (CPCCS). El informe para primer emitido por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social estuvo listo en diciembre del 2015. El Pleno del Parlamento lo tramitó en primer y segundo debate el 14 de enero y el 2 y 11 de febrero de este año, respectivamente.
EF/pv
