El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad (94 votos), demandó del gobierno de México una investigación rigurosa tendente al esclarecimiento y juzgamiento de los autores del asesinato de más de setenta inmigrantes, entre los cuales constan seis compatriotas ecuatorianos, ocurrido en el Estado de Tamaulipas, fronterizo con los Estados Unidos.Al tiempo que condenó enérgicamente esta nueva agresión brutal llevada a cabo por la delincuencia organizada en la hermana República de los Estados Unidos Mexicanos, que ha causado la muerte de 72 personas en movilidad humana, el Legislativo expresó su apoyo a las iniciativas que se tomen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; la Secretaria Nacional del Migrante; y, el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, en defensa de las y los ecuatorianos en movilidad humana, de manera especial para ofrecer la máxima protección al compatriota que ha logrado sobrevivir a esta agresión y al conjunto de su familia.
Exigió del gobierno ecuatoriano diseñar y poner en ejecución una política de investigación, juzgamiento y sanción ejemplar de bandas criminales dedicadas al coyoterismo, narcotráfico, tráfico y trata de personas.
A la vez, los asambleístas demandaron de la comunidad internacional nuevos esfuerzos para la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, el establecimiento de políticas migratorias más humanas que destierren actos de criminalización del hecho migratorio, al tiempo que se impulsen procesos de armonización de las normas de protección interna e internacional.
Condenó la irresponsable actitud de ciertas autoridades y medios de comunicación, que han revelado públicamente las identidades e imágines de la víctima sobreviviente y sus familiares, poniéndoles en peligro extremo frente al poder de las organizaciones criminales.
La asambleísta Linda Machuca, quien propuso el proyecto de resolución, al recordar que 72 inmigrantes de diversas nacionalidades que intentaban cruzar la frontera con Estados Unidos fueron brutalmente asesinados, presumiblemente por una banda criminal que opera en el sector, exhortó a los legisladores a emitir un pronunciamiento que reitere la solidaridad institucional con las familias de las víctimas y de las personas que han salido del país buscando mejores días para sus familias.
Destacó la necesidad de articular las legislaciones de cada uno de los países en la región para que se pueda combatir de forma coordinada las acciones criminales organizadas.
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