El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en rueda de prensa, anticipó que aspira que el mes de septiembre sea propicio para tramitar los proyectos de ley de reformas a la Ley de Tránsito; de Educación General; de Comunicación; y, las reformas que sancionan severamente el lavado de activos, que son materias de singular importancia para el país. | Escuche el audio aquí{mp3}03-08-2010-RUEDA-PRENSA-PRESIDENTE-ASAMBLEA{/mp3} |
Sobre el proyecto de Ley de Educación General, el Titular de la Legislatura indicó que está a la espera del envío de la resolución adoptada por la Comisión Ocasional de Educación, que preside el asambleísta César Rodríguez, a través de la cual informa que durante la socialización se cumplió con el proceso de consulta directa a las comunidades involucradas, en torno a los derechos a la educación intercultural bilingüe, con lo cual no sería necesario iniciar una nueva consulta prelegislativa y el Pleno estará en condiciones de aprobar esta normativa.
En torno a la Ley de Comunicación, subrayó que propiciará un acuerdo inteligente entre las distintas bancadas para que el proyecto entre a debate en el Pleno. Si hay disposiciones que podrían afectar de cualquier manera la libertad de expresión, lo procedente es que esos temas sean sometidos a debate, lo que pasa es que algunos sectores, a pretexto de supuestas normas que limitarían derechos, no quieren que haya una ley, lo cual tampoco es aceptable. “Nosotros no vamos a dejar que pase ninguna norma que esté en contra de la Constitución, que es garantista de los derechos como ninguna otra en el mundo”, enfatizó.
Agenda para el martes
Fernando Cordero informó que en la sesión del próximo martes constará en el orden del día el primer debate de la Ley reformatoria a la Ley de Lavado de Activos, que endurece las sanciones para este delito financiero.
Vetos parciales
Con relación a los vetos parciales a los proyectos de Ley de Educación Superior; de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, de Servicio Público, el Presidente de la Asamblea recordó que los plazos vencen este domingo, en el primer caso; y, el 11 de septiembre para los dos restantes.
Añadió que no puede anticipar opiniones respecto del contenido de los mismos, pero quede las reuniones técnico legislativas que se han mantenido con la Presidencia de la República y los responsables de las comisiones especializadas permanentes que trabajaron esos proyectos, las observaciones del Ejecutivo serán orientadas a mejorar sus textos y corregir algunas imprecisiones que puedan existir. “Yo diría que, inclusive, hay un autoveto, porque el colegislador observa algunos artículos del proyecto original, remitido por la Senplades, en el caso de la Ley de Educación Superior”, agregó.
Advirtió que en dichas reuniones de trabajo se estableció con claridad dónde radica la rectoría del Estado en las diferentes materias, rectoría que no puede ser vista como una mala palabra, puesto que está directamente vinculada con las competencias. Así por ejemplo, en materia de educación, la rectoría está en el Ejecutivo; en materia de tránsito, la rectoría radica en los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso, los municipios, quienes deberán hacerse cargo del control, liberándole a la Policía de esta responsabilidad, porque la Policía no puede ser un comodín para el control del tránsito, la delincuencia, el combate al narcotráfico y demás.
Amnistía
Al referirse a la amnistía a favor del ex vicepresidente, Alberto Dahik, explicó que de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el pedido pasará a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, CAL, órgano que deberá calificar si reúne los requisitos establecidos en la Constitución, para lo cual analizará los argumentos expuestos por el Presidente de la República. Una vez calificada la solicitud, se remitirá a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que determine si es o no precedente. Si el informe de la Comisión es favorable, pasará a conocimiento y resolución del Pleno, caso contrario, será archivada, explicó.
Frente a la inquietud de si la Asamblea puede retomar la documentación que sobre este caso se recabó en la Constituyente de Montecristi, Cordero Cueva explicó que eso será materia de análisis en el CAL., a la vez que aseguró que el CAL actuará con absoluta responsabilidad, ya que el tema tiene implicaciones, tanto jurídicas, cuanto políticas.
Fiscalización
Sobre el proceso de fiscalización iniciado a la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, por una supuesta utilización de fondos públicos para financiar una reunión política del Movimiento PAIS, el presidente Cordero anticipó que es necesario esperar que la ministra entregue la documentación que se ha solicitado por parte del Legislativo para conocer si hubo o no alguna irregularidad.
Según su criterio personal, si se confirma alguna transgresión legal, la Contraloría deberá glosar a la ministra y quienes fueron beneficiarios de ese uso de fondos. No obstante, criticó el hecho de que este tema se haya tratado con ligereza, lo cual constituye hasta una irresponsabilidad, al hacer noticia de un hecho que parte solo de una factura, en la que no se hace ninguna afirmación, sin más elementos de juicio, con lo cual se infiere que hubo una irregularidad.
Revocatoria del mandato
En este tema, el arquitecto Fernando Cordero dijo que, personalmente, no tiene miedo a nada de lo que tenga que ver con la opinión de la gente. “Si el pueblo del Ecuador, que me confirió el honor de representarlo en la Asamblea con la mayor votación nacional considera que no he cumplido mi plan de trabajo, tendré que irme a mi casa por la misma puerta que entré”, subrayó.
Lo que está en debate es si la revocatoria requiere o no un proceso previo de calificación de las causales por las cuales se puede proponer. “Considero que sobre todo con respecto a los municipios y juntas parroquiales habría que pensar en un mecanismo que garantice que el proceso se ajuste al incumplimiento de los planes de trabajo, de manera que no se preste para el abuso de parte de quienes tienen rencillas políticas o para que los demonios den clases de catecismo, pretendiendo erigirse como los referentes de la moralidad pública, porque el cumplimiento del requisito de recolección de firmas podría cumplirse fácilmente; no es lo mismo reunir un millón de firmas en el caso de un asambleísta nacional, que 120 firmas para un miembro de una junta parroquial rural”, concluyó.
EG/pv
