Con la presencia de más de 700 personas, representantes de asentamientos humanos consolidados y no regularizados de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay, Tungurahua e Imbabura, se creó la Organización Nacional por el Derecho a la Vivienda y Hábitat Digno.
Tras siete horas de trabajo y de exposición de la situación nacional y las realidades locales, los presentes acordaron firmar la Declaración de las Organizaciones por el Derecho a la Vivienda y Hábitat Digno, en la que también se señala el respaldo a la reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, donde se incluyó una transitoria que fija el plazo de un año a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para que reaccionen y regularicen los asentamientos irregulares consolidados.
En la declaración, que contiene 9 puntos, las organizaciones, cooperativas, asociaciones, comités y movimientos por la vivienda digna, que asistieron al encuentro nacional por el Derecho a la Vivienda y Hábitat Digno, que se desarrolló en el Salón José Mejía Lequerica, expresan que defenderán el Estado constitucional de derechos consagrado en la Constitución, que instituye el derecho a la vivienda digna, al hábitat y a la ciudad y prohíbe la obtención de beneficios basados en la especulación del suelo, por encima de la voracidad de los especuladores, traficantes de tierra y constructores abusivos.
Destacan, además, los avances logrados en la regularización de los asentamientos humanos, a las soluciones habitacionales alcanzadas y al evidente mejoramiento de la infraestructura y el hábitat urbano; sin embargo, en la agenda de la “revolución urbana” aún subsisten graves problemas, por ello proponen llevar adelante una discusión con todos los sectores sociales y políticos para construir una Agenda Nacional de Gobierno, desde los actores urbano-populares y los pobladores.
Precisan que acompañarán el debate de la propuesta de reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria y al COOTAD que se tramitan en la Asamblea Nacional, para otorgar un plazo a las autoridades municipales, a fin de que resuelvan la situación de los asentamientos irregulares, si no cumplen se transferirá esa competencia a otros niveles de gobierno. De la misma manera, ponen plazos a la liquidación e intervención de las cooperativas y recogen otros aportes que faciliten la legalización del suelo de las cooperativas de vivienda.
Declaran que impulsarán en cada localidad la consolidación, a corto plazo, de una Organización Nacional por el Derecho a la Vivienda y el Hábitat Digno que impulse a escala nacional la lucha por la reivindicación de la Agenda Urbana y que fortalezca las acciones que se efectúan en sus localidades, para lo cual conformarán una comisión organizadora constituida con representantes de cada una de las provincias y organizaciones, con el fin de estructurar un trabajo desde el barrio, el cantón, la provincia, hasta el nivel nacional, misma que se reunirá el 8 de abril de 2016 para estructurar un plan de trabajo.
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