La última ley que aprobó la Asamblea Nacional en el actual período legislativo y la primera en este año, vuelve a visibilizar al sector femenino ecuatoriano. Se trata de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales que fue publicada hoy en el Suplemento No. 711 del Registro Oficial. Según esta norma las mujeres y las madres de familia que han asumido la manutención del hogar serán prioridad en la redistribución de la tierra rural.
Con el acceso a la propiedad de la tierra rural por parte de las mujeres, la Asamblea cumple lo que determina la Constitución sobre el principio que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, es decir, continúa construyendo el camino en la lucha por la igualdad de género.
Estos nuevos logros los están plasmando varios colectivos de mujeres en la campaña “Tejiendo Mi Derechos”, que impulsa la Legislatura, a través de su presidenta, Gabriela Rivadeneira. A su criterio, se trata de una acción movilizadora que recorre varios sectores del país para afianzar los lazos que unen y comprometen a la Asamblea con este sector social.
La Ley de Tierras visibiliza a las mujeres y reconoce su rol en el desarrollo del país. De ahí que, entre otros beneficios, establece que en el caso de que una mujer tenga títulos sobre la tierra el Estado debe garantizar su propiedad y en caso que se encuentre en posesión, legalmente reconocida, deberá certificar la titulación de la misma.
La posesión agraria, según la ley, deber ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menor a cinco años, solo después la beneficiaria puede solicitar la titularización. Con este documento la norma le da derecho a la mujer de usar, gozar y disponer de la tierra, enmarcada en la ley. De igual manera, para agilitar estos procesos plantea mecanismos que simplifique los trámites administrativos y la persona pueda obtener de manera rápida la adjudicación y el título de propiedad.
Además de cumplir la finalidad de la redistribución de la tierra de manera equitativa, la ley también viabiliza el principio de sustentabilidad y la eficiencia económica y social, en favor de la mujer. Sobre este tema indica que el Estado debe apoyar la producción agropecuaria, sujetándose, entre otros elementos, al incremento del ingreso familiar.
Según este instrumento jurídico el Estado promoverá la generación de productos financieros, líneas de crédito y tasas de interés preferencial para estimular la producción agropecuaria. Estos beneficios se orientarán a mujeres rurales trabajadoras de la agricultura familiar campesina y de la economía popular y solidaria.
Entre tanto, en los programas de redistribución de la tierra también son beneficiarias las personas propietarias de una superficie igual o inferior a la Unidad Productiva Familiar (UPF). Esta es una unidad de medida económica, que le permite a una familia rural percibir los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y contribuir a la formación de un patrimonio, es decir, la producción en esta propiedad deberá generar ingresos suficientes para la reproducción familiar, el pago de la tierra y utilidades para mejorar su sistema de producción y la calidad de vida familiar.
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