Varios actores públicos y privados acudirán mañana, a las 09:00, a la Comisión de Derechos Colectivos. Su presidenta Zobeida Gudiño les convocó para que presenten sus observaciones y comentarios sobre el proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades.
El análisis de esta iniciativa legal se inició el jueves pasado con la comparecencia de la autora del proyecto, la asambleísta Alexandra Ocles, y el viceministro de Educación, Freddy Peñafiel. Alexandra Ocles expresó su preocupación por que las lenguas originarias o ancestrales se encuentran en una situación de pérdida acelerada, a tal punto que en poco tiempo pueden dejar de transmitirse y desaparecer.
En este sentido, aseguró, el proyecto busca reconocer y garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades, con tradición lingüística propia. Expresó que se pretende que el Estado garantice la protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales.
El cuerpo legal plantea que todos los hablantes de lenguas ancestrales tendrán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas, sin restricciones en el ámbito público o privado, en todas sus actividades sociales, económicas, educativas, políticas, culturales y religiosas.
Establece que los nombres propios de lugares en lenguas ancestrales serán reconocidos y registrados por la autoridad competente y que los nombres de lugares geográficos podrán ser registrados oficialmente para efectos públicos.
También prevé que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y los gobiernos autónomos descentralizados, en coordinación con las autoridades de los pueblos y nacionalidades, la Secretaría Nacional de Política Lingüística y el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, incorporarán programas para la protección, uso y fortalecimiento de las lenguas ancestrales.
De acuerdo con la norma, las instituciones del sector público garantizarán que los servicios que presten se realicen en la lengua ancestral del peticionario para el pleno ejercicio de sus derechos lingüísticos.
Así mismo, las instituciones privadas que realizan actividades comerciales y no comerciales en territorios de los pueblos y nacionalidades, progresivamente atenderán al usuario en su lengua ancestral para garantizar los derechos lingüísticos.
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