El Tratado de Marrakech, que tiene como objetivo facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso será parte del primer punto del orden del día del Pleno. La sesión será el jueves, 7 de abril, a las 09:00. También se tratará en primer debate del proyecto de Ley para el Ejercicio Profesional de las y los Administradores Públicos.
El acuerdo llegó al Legislativo en noviembre de 2015, después de que la Corte Constitucional emitiera el dictamen favorable en octubre de ese mismo año. En enero del 2016 se remitió el documento a la Comisión de Relaciones Internacionales. La mesa dio un trámite prioritario a este tratado.
Este instrumento internacional da sustento y legitimidad jurídica a las flexibilizaciones y limitaciones a la normativa sobre derechos de autor. Esto para que las personas ciegas o con algún grado de discapacidad visual obtengan un acceso más fácil a las obras de texto en un formato accesible, como sistema braille o auditivo.
El Tratado de Marrakech forma parte de un conjunto de instrumentos internacionales concebidos al interior de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esta organización exige que todas las partes contratantes adopten en su legislación interna sobre propiedad intelectual y derechos de autor medidas que beneficien a personas con cualquier grado de discapacidad visual o dificultades de acceso a material escrito. Los derechos que son objeto de dichas limitaciones o excepciones son derecho de reproducción, derecho de distribución, derecho de puesta a disposición del público.
El director nacional de Derechos de Autor del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Ramiro Rodríguez, quien fue uno de los actores que acudió a exponer sobre el tratado, destacó el papel que tuvo nuestro país en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en donde ya no se limita a escuchar, sino también a proponer. En esta ocasión el país planteó este tratado, que tiene como fin crear un nuevo régimen de propiedad intelectual, que promueva los derechos de los autores, así como los de la sociedad, fundamentalmente, para que acceda al conocimiento.
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