Representantes de organizaciones de actores, estudiantes, docentes; de comunidades, pueblos, nacionalidades; de organismos del Estado; asociaciones, fundaciones; entre otros, llenaron el auditorio de Petroecuador en Guayaquil para participar de la audiencia provincial sobre el Código Ingenios. Como variadas fueron las organizaciones, variadas también fueron las inquietudes.
A Ángel Sotomayor, presidente del Frente de Estudiantes Becarios de Guayaquil, le preocupó que una vez aprobada la ley sus mandatos aterricen en la política pública y se haga efectiva e hizo un llamado a un seguimiento para garantizar que los derechos de los ecuatorianos se cumplan. En tanto, Eugenio Hadatty, secretario General del Sindicato Nacional de Músicos, pidió que en el tema de sociedades de gestión colectiva tanto en la ley como en la aplicación de la misma se garantice que exista un sistema eficiente de recaudación por la utilización de las obras, un sistema idóneo de monitoreo y un sistema equitativo de distribución.
En cuanto a este último tema, el asambleísta Gastón Gagliardo explicó que el mismo se está plasmado en el Código y que lo que se necesita es pulirlo para el segundo debate. En el texto se introdujo incluso quienes la deben conformar, el gasto administrativo, la forma de repartirse la recaudación, informó.
A Martha Castro, docente universitaria e investigadora, le inquietó la fuga de cerebros y de productos que nos pueden beneficiar a todos. En ese sentido, consideró que se debería cambiar la malla curricular para que los jóvenes desde las aulas se eduquen sobre los conocimientos ancestrales, porque es más fácil evitar hacer un mal uso de los conocimientos ancestrales o fuga de nuestros recursos naturales.
Este último aspecto está comenzando a tratarse. Si queremos fomentar que este conocimiento ocupe un mismo lugar frente a frente con el conocimiento moderno lo más importante es que en los centros académicos comience a tomarse en cuenta. Sin embargo, se debe tratar de manera delicada por la ausencia de una base legal y de una definición clara del conocimiento tradicional, pero la idea es que después de la aprobación del Código ya comience a trasversalizar de forma directa, comentó el delegado de la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología (SENECYT), Emilio Uzcátegui.
La representante de UNIARTE, Alfonsina Solines, se refirió al derecho de remuneración por la comunicación pública. Solicitó especificar que el mismo debe ser irrenunciable e intransferible y que este derecho se lo ejerza incluso cuando se lo use a través del Internet.
Daniel Díaz, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, aseguró que en la actual ley este derecho no está establecido, pero sí en el Código, en el que se incluye además el beneficio para las futuras tecnologías que se vengan.
Tenemos que valorar lo que tenemos y lo que nos ha dado Dios y la naturaleza, saquemos provecho de lo nuestro, cultivemos los productos que poseemos y no los importados, no consumamos los químicos, preparemos nuestras tierras para eso, pidió, por su parte, Jacinta Ortega, de la organización UNOSCAS, filial de la Fenocín.
La defensa y fortalecimiento de nuestros conocimientos ancestrales también fue el pedido de otras organizaciones. Precisamente, la idea es ir mirando el pasado para proyectar el futuro, agregó Uzcátegui.
Esto siempre ha sido una lucha de muchos años de la Fenocín, dijo, entre tanto, Teresa Burgos, miembro de esta organización. Por fin tenemos un documento legal que reconozca, respete y defienda nuestros conocimientos ancestrales. Ahora los conocimientos y los beneficios ya no serán para las empresas trasnacionales sino para sus legítimos poseedores de los conocimientos, insistió.
LM
