El Código de la Producción, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Incentivos para el Sector Productivo, son entre otras, las normas que crean una serie de herramientas para fomentar y promover la inversión tanto nacional, como extranjera.
La Ley de Incentivos para el Sector Productivo, con los abonos tributarios, beneficia a los exportadores sin distingo de nacionalidad, cuyo nivel de acceso haya sufrido una desmejora, es decir, tiende a la protección de quienes lo necesitan. Los beneficiarios de los abonos tributarios pueden utilizarlos para la cancelación de cualquier obligación tributaria con la Administración Pública Central e institucional o también obligaciones con el sistema financiero público. Cumple el objetivo del Estado de fomentar las exportaciones, asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades.
La Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado garantiza un tratamiento igualitario entre los inversores ecuatorianos y extranjeros; permite que todos quienes participan en la economía nacional estén en las mismas condiciones de competencia, mientras que la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos condona intereses, multas y recargos de carácter tributario a favor de los contribuyentes directos que no han podido cancelar a tiempo sus obligaciones impositivas.
Mediante la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el Estado puede delegar, de forma excepcional, a empresas de capital privado, así como a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del sector eléctrico.
Igualmente a través de la Ley de Telecomunicaciones, el Estado, puede delegar, de forma excepcional, a empresas de capital privado, así como a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del sector de telecomunicaciones, para fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada, para el desarrollo de las telecomunicaciones.
El Código de la Producción, Comercio e Inversiones da origen a nuevas alternativas de inversión, con evidentes beneficios para aquellas empresas constituidas que desarrollen actividades productivas dentro del territorio nacional. Incentiva todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. Promueve el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad, las acciones de los productores y empresas y el entorno jurídico-institucional.
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