Cuatro representantes de instituciones gubernamentales acudieron a la Comisión de Gobiernos Autónomos para exponer sobre el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Resaltaron que la elaboración y actualización constante del catastro es fundamental para los procesos de planificación urbana y rural y que con esta información se hubiese tenido mejores datos para, por ejemplo, actuar en el caso del terremoto del 16 de abril pasado.
Leonardo Espinoza, de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), argumentó que las leyes vigentes obligan a los municipios a actualizar sus catastros cada dos años, pero, que, lastimosamente, en muchos casos, esto no se cumple. Propuso que este registro se lo haga de manera permanente y que se lo entregue cada seis meses, con la información que se tenga.
“Si no se hace catastro inmobiliario no existe una planificación adecuada del crecimiento urbano, ni la dotación de servicios básicos”, dijo, tras señalar que el registro en las zonas afectadas por el último terremoto habría permitido establecer con mayor facilidad cuántas viviendas fueron afectadas, qué características tenían, cuántos años de construcción y qué población estuvo más expuesta.
Este catastro no solo sería clave para la planificación, sino que también aportaría como insumo para el Censo de Población Vivienda basado en un registro administrativo que el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) planea ejecutar en el 2020, paralelamente al censo tradicional, según explicó José Rosero, director de esta institución. Con este proyecto, calificado como “ambicioso” por Rosero, se explota información tanto de los registros administrativos como de los registros de catastros, el Registro Civil y entradas y salidas del país.
Acotó que, con el nuevo censo, las diferentes instituciones, entre ellas los municipios, podrán contar con estadísticas actualizadas y permanentes sobre cuántos somos y cómo estamos distribuidos, mientras que con el tradicional se tiene cada 10 años y posterior a ello solo se cuenta con proyecciones. “El beneficio es incalculable” dijo
Sanciones por incumplimiento de planificación
Aleida Matamorros, también de la SENPLADES, al referirse al régimen sancionatorio de este proyecto, manifestó que es necesario establecer qué sucede cuando se dan acciones u omisiones de lo que establece la norma. También propuso que las sanciones sean progresivas, con base al presupuesto asignado a cada municipio, con lo que se determina un principio de equidad.
El presidente de la Comisión, Richard Calderón, y el asambleísta Henry Cucalón expresaron su objeción con esta propuesta. Calderón mencionó que esas sanciones serían desproporcionadas, más bien dijo que se debe pensar en un régimen de prevención.
Mejor planificación
Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), José Morales, director de Hábitat, expresó que ahora más que nunca es importante una ley que permita una gestión más fuerte a los municipios. Explicó que el 79% de los cantones tiene un crecimiento fuera del límite urbano. “Nos parece que es el momento en que una ley como esta, que fortalece a los GAD y en el momento en que una catástrofe natural nos ha demostrado ineficiencias en la gestión de municipios, es más importante que nunca”, añadió.
Es necesario considerar este proyecto porque hay un acelerado y desordenado crecimiento, asentamientos informales, falta de planificación en el ordenamiento territorial, segregación del espacio poblacional, ausencia de políticas de ordenamiento territorial, déficit de espacios públicos, entre otras razones.
Defendió la institucionalidad que crea el proyecto porque permite velar por el cumplimiento de la planificación de las ciudades. También dijo que con esta norma se establecen lineamientos de calidad urbana, con respecto a los espacios públicos, así como de las infraestructuras y equipamiento.
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