La presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, informó que la Asamblea Nacional mantiene propuestas para llegar a las personas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, principalmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en el corto y mediano plazo. También precisó que las afectaciones producidas por el sismo evidencian la necesidad de aprobar una Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Aprovechamiento del Suelo que sea más rigurosa con las construcciones.
En el programa “Contigo de Ley” número 57, Gabriela Rivadeneira recordó que en la Asamblea Nacional se instaló un importante centro de acopio, del cual salieron más de 50 toneladas de donaciones con productos como víveres, enlatados, agua y ropa, con los cuales llegó a territorio, acompañada por cuatro grupos de brigadistas que brindaron asistencia a los más necesitados.
La brigada de funcionarios de la Asamblea Nacional, que partió el jueves 28 de abril y regresó el domingo 1 de mayo, recorrió los albergues construidos en las ciudades de Muisne, Chamanga, Jama, Pedernales, Canoa, Bahía de Caráquez y San Vicente para brindar asistencia a las personas afectadas, explicó la presidenta Rivadeneira. “Estar en la zona de afectación nos ha permitido evidenciar el trabajo del Estado, la asistencia humanitaria y también todo lo que falta por hacer”, puntualizó.
Recordó que las cifras son lamentables y dan cuenta de 659 personas fallecidas en el desastre y 48 desaparecidas. Indicó que 113 personas fueron rescatadas con vida “gracias a un trabajo extraordinario de la Policía, las Fuerzas Armadas, los Bomberos y gracias al apoyo internacional de rescatistas”.
Refirió además que según datos oficiales existen 6.998 edificaciones destruidas, 2.740 construcciones afectadas, que deberán ser derrocadas para que sean construidas nuevamente, y 29.067 personas albergadas. Para ayudar a la reconstrucción, la Asamblea Nacional impulsó el programa “Ayudatón por la Reconstrucción”, que recabó cerca de 565 mil dólares.
Al respecto indicó que se ha creado un Comité Interinstitucional que coordinará la llegada de la ayuda. Se pronunció además por la necesidad de tener una nueva visión urbanística que, de manera ordenada y planificada, permita la reconstrucción de los sectores afectados. “Esperamos sea una oportunidad para que las ciudades y los territorios que fueron devastados puedan volver a nacer y crecer con otra dinámica y otra visión de lo que significa la seguridad integral para el ciudadano y para los ecuatorianos en general”, acotó.
En este mismo tema, la presidenta de la Asamblea criticó la falta del cumplimiento de las normativas de construcción a nivel nacional y local. Enfatizó que por ello es importante que la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Aprovechamiento del Suelo se recojan estas observaciones. Esta Ley, dijo, “tiene que darnos las herramientas para disciplinarnos y controlar muchísimo más el desarrollo urbanístico en las zonas de afectación”.
Mencionó, asimismo, que es importante que en este proyecto de Ley se contemple la creación de una Superintendencia que ayude a precautelar la gestión de las alcaldías en cuanto al crecimiento urbanístico. “Hoy se vuelve indispensable y toma un ámbito protagónico el tema de la Superintendencia, justamente para dar herramientas a las municipalidades y que estas herramientas puedan ser controladas, evaluadas y vigiladas desde un ente nacional que garantice la seguridad de esas construcciones y de quienes las habitan”, sostuvo.
La principal del Legislativo comentó además que en la sesión de Pleno del próximo jueves 5 de mayo, la Asamblea Nacional reconocerá a todos los rescatistas nacionales e internacionales que brindaron su ayuda en el momento más duro, el de rescate de las víctimas.
En cuanto a la propuesta de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana, que se debate actualmente en la Asamblea Nacional, precisó que ésta permitiría obtener una recaudación inmediata para empezar la reconstrucción de las zonas afectadas y garantizó la transparencia en el destino de esos fondos. “Ahora lo que más tenemos que emitir es seguridad de qué va a hacer el Estado ecuatoriano en esas zonas”, enfatizó.
“Esta ley de solidaridad frente al terremoto es una ley estricta y exclusivamente para garantizar la reconstrucción de las zonas de afectación”, remarcó la Titular del Legislativo. Además, indicó que si bien estos fondos van al arca fiscal general, es decir, a la cuenta que el Banco Central mantiene para el tema del presupuesto público, se abrirá una subcuenta que permitirá transparentar todos los ingresos y los egresos que existan según avance el proceso de reconstrucción (KZ/JS).
