El Pleno de la Asamblea inició el segundo debate del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que dota a los gobiernos autónomos descentralizados de una serie de herramientas técnicas, para promover una adecuada planificación de sus territorios.
Ninguna norma será suficiente si no se logra garantizar la vida de sus habitantes y la norma es necesaria porque determina parámetros de calidad urbana en relación al espacio público, a fin de tener una adecuada gestión y uso del suelo, sobre todo de un ordenamiento territorial que efectivamente garantice el derecho a la ciudad, afirmó la legisladora Alexandra Ocles.
Recordó que el proyecto se sustenta en disposiciones de la Constitución, en los artículos 30 y 31, según los cuales las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna y además al disfrute pleno de la ciudad, aspectos que continuamente son vulnerados. Asimismo, señaló que la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, determina que el derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social.
Alexandra Ocles enfatizó que el proyecto no vulnera la autonomía municipal, como se ha repetido en distintos espacios y escenarios y que en ningún caso se pone en riesgo el carácter unitario del Estado.
Sugirió la inclusión en el caso de la vivienda de interés social, a los pueblos y nacionalidades junto a las personas de atención prioritaria.
Reiteró que la población está acostumbrada a vivir de forma informal, por tanto es necesaria la ley para erradicar la especulación del suelo, erradicar los asentamientos irregulares y dictar medidas que aseguren el derecho a la ciudad, pero sobre todo la vida.
De su lado, el vicepresidente de la comisión, Fausto Terán, aseveró que la norma no quita poder de decisión a los gobiernos autónomos descentralizados, más bien implementa instrumentos de planificación y de política pública y establece de manera obligatoria la creación de un catastro integral.
Propuso que en el artículo 92 sobre la conformación de consejo técnico se incluya a un representante de la sociedad civil. También una transitoria para que se definan plazos a los municipios para que titularizar los predios particulares que se dan más en la zona rural.
Mientras que Henry Cucalón expresó que es necesario garantizar el respeto a la Constitución, en especial el artículo 238, según el cual los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera.
Dijo que siempre ha apoyado una Ley de Ordenamiento Territorial que proporcione herramientas a los municipios para servir de mejor manera a los ciudadanos, pero que se ajuste a los principios de la Constitución.
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