A través de un oficio dirigido a la Comisión de Régimen Económico, Christian Pino, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) presenta una propuesta que ancle la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) al Ministerio del Interior, para otorgar funcionalidad y fortalecer su gestión bajo intereses nacionales, así como definir la instancia de rectoría de la entidad en materia de investigación de los delitos de lavado de activos.
Este pedido lo formuló en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos que lleva adelante el organismo legislativo.
En su misiva, el funcionario señala que en el informe para primer debate, la comisión planteó que la Unidad de Análisis Financiero y Económico esté adscrita a la Presidencia de la República y no al Ministerio del Interior como se proponía en el proyecto enviado a la Asamblea Nacional por el Presidente de la República.
Frente a ello considera que debería analizarse la pertinencia de anclar dicha Unidad a la Presidencia, en razón que esto desvirtúa el proceso de optimización que se ha dirigido desde el año 2007 en cuanto a la reestructuración de la situación orgánica y la orientación que debe tener la Presidencia de la República, ya que anteriormente la misma poseía 36 entidades adscritas y actualmente, en base al trabajo de transformación democrática del Estado, se logró reubicar a todas estas entidades en los sectores pertinentes, de acuerdo con la materia.
En este sentido, señala que no es apropiado volver a adscribir entidades a la Presidencia, cuando éstas podrían estar adscritas a un ente rector de acuerdo con sus competencias, como es el caso del Ministerio del Interior.
En torno a la rectoría en materia de investigación de los delitos de lavado de activos, precisó que dentro de las funciones de la UAFE, en el literal h) del artículo 11, únicamente se señala que deberá ejecutar las políticas que emita el Consejo Directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses en lo relacionado a la lucha contra el lavado de activos, sin mencionar que el Consejo será el ente rector en materia de investigación de los delitos de lavado de activos, tal y como se establecía en la propuesta planteada por la Secretaría.
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