El acceso a la justicia y la protección de derechos fue uno de los temas que se abordaron en la mesa de trabajo “Todos los niños y niñas son nuestra prioridad”, organizada por el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de la Legislatura, a propósito del Día del Niño que se celebra hoy.
Adriana Reyes, de la Fiscalía General del Estado, comentó que uno de los compromisos de esta institución es hacia la prevención de los delitos. “Cuando un niño, niña o adolescente entra en un proceso de justicia penal es cuando hay muchas cosas en las que hemos fallado”, sostuvo.
Sobre la cifras en la justicia penal afirmó que la mayor cantidad de incidencia de delitos se encuentra en los niños y adolescentes de entre 9 y 13 años y tienen que ver con violencia basada en género, trata de personas, diversas formas de explotación, tráfico de migrantes y utilización de medios electrónicos. “Aunque también existen casos en niños de menor edad, este rango se repite de manera sistemática en las estadísticas”, aseguró.
Reveló que existe una relación entre los delitos de violencia de género con los de menores. Dijo que de los 48 casos de femicidios registrados en el país, después de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cinco fueron sobre personas entre 12 y 16 años. Todas las mujeres que han sido asesinadas por violencia de genero sus hijos son víctimas indirectas, acotó. En tanto el 45% de violencia de género tiene que ver con menores de 18 años.
Entre los logros destacó que se ha disminuido la cultura de la impunidad tanto en el Ministerio de Educación, como en los operadores de justicia. Hemos tenido casos de sentencias a maestros agresores: en un año se han resuelto entre 9 y 18 casos. Las autoridades tienen la obligación de denunciar, destacó.
En cuanto a los derechos y garantías, manifestó que en 2011 la Fiscalía tenía 36 puntos de atención para denuncias y hoy cuenta con 249 a nivel nacional y que una vez que la persona agredida acude a la instancia judicial “intentamos no revictimizarlas” y se dimensiona a la víctima en dos niveles: directas e indirectas. En todos los casos de violencia de género los niños son víctimas indirectas, reiteró Adriana Reyes.
En tanto, Patricia Salazar, del Consejo de la Judicatura, sobre el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, comentó que se han identificado dos problemáticas, relacionadas con los que no tienen cuidados parentales y los adolescentes en conflicto. En cuanto a los primeros sostuvo que se han encontrado casos con medidas de acogimiento temporal que permanecían mucho tiempo en esos lugares y que para corregir este tema se ha implementado un sistema automático de alertas y recordatorios para avanzar en los procesos.
De igual manera, informó que se ha conformado un Comité Interinstitucional, con varias entidades, entre ellas el MIES, la Defensoría Pública y la Dinapen para revisar los casos que pudieron estar estancados y sus soluciones. Además, dijo que se diseñó una guía para la determinación del interés superior del niño, dirigida a operadores de justicia.
Sobre los adolescentes en conflicto con la ley, sostuvo que se están ocupando mucho en la formación de los operadores de justicia y que se ha realizado un programa piloto de un modelo de gestión en la unidad especializada de Quito y Esmeraldas, así como la verificación de la utilización del sistema para el registro de causas de adolescentes infractores, entre otras actividades.
En cambio, Andrés Tinajero, del Ministerio de Justicia, hizo un repaso de los derechos que manda la Constitución de Montecristi en favor de la niñez. Recordó que según la máxima ley los derechos de este grupo social prevalecerán sobre los de las demás personas y que nadie puede ser discriminado por ninguna razón, entre ellas la edad. También habló de otros derechos específicos como el derecho a la integración, al desarrollo, a tener nombre, una ciudadanía, educación, acceso a la justicia, entre otros.
Dio a conocer que 1.114 adolescentes infractores se encuentran dentro del modelo de atención integral, en donde se trabaja en la autoestima, utilización del tiempo, salud, núcleos familiares y más beneficios. Así mismo, se ha brindado atención especializada a mujeres privadas de libertad y a sus hijos entre 0 y 12 años. Por último indicó que existen defensores públicos, fiscales y judicaturas especializadas.
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