La necesidad de debatir sobre violencia gineco-obstétrica fue uno de los puntos en los confluyeron las exposiciones de dos organizaciones que acudieron a la Comisión del Derecho a la Salud para hablar sobre el proyecto de Ley de Parto Humanizado. También consideraron que la norma recoge una preocupación social y beneficia al 100% de la ciudadanía, pero que la discusión debe ampliarse más allá de la dualidad parto versus cesárea.
La violencia obstétrica tiene que ver mucho con el tema de cesáreas innecesarias que se practica a las madres, la separación del recién nacido de su progenitora, empleo de rutinas dolorosas, problemas de salud, dificultad de lactancia materna y depresión post parto, entre otras dificultades. “Esta es una de las formas de violencia hacia las mujeres más invisibilizada, cuyas secuelas duran toda la vida…las mujeres que parimos somos un objeto de intervención y no un sujeto de derechos”, precisó María Moreno de los Ríos, de la Organización El Parto es Nuestro. Consideró que se debería revisar el Código Integral Penal para incorporar este tipo de violencia.
Para esta organización en nuestro país se vive una “epidemia de cesáreas”, ya que la tasa, del 41,2%, supera casi tres veces a la recomendada por la OMS (15%). Esta cifra hace referencia solo a los centros públicos. Según Moreno de los Ríos en el sector privado la cifra supera, en algunos casos, el 80%. “Proponemos se investigue estos altos índices y se realicen los correctivos necesarios para que las mujeres sean las únicas que decidan cómo quieren parir, en base a información actualizada y científica”, afirmó, por su parte, María Isabel Yánez, de la Red Doulas.
Para esta red son innumerables los procedimientos agresivos que se realizan en el parto: tactos múltiples, maniobras peligrosas para acelerar la expulsión, uso de medicamentos, episiotomías, entre otros, como la impaciencia, la intolerancia y el maltrato brutal. Según Yánez en un proceso como este lo fundamental es la paciencia y el acompañamiento, por lo que en el proyecto se debería tomar en cuenta estos elementos.
No obstante, las dos organizaciones consideraron que se debe apoyar a los profesionales para incentivar este tipo de prácticas humanizadas. “Nos preocupa que piensen que es una tentativa contra ellos”, dijo María Moreno de Los Ríos. En este sentido, consideró que la ley tiene un carácter sancionador, restringiendo la responsabilidad a los médicos y no a las instituciones. “Los profesionales a veces también son víctimas de la violencia del sistema: escasos recursos, poco tiempo para la consulta, prácticas y protocolos obsoletos, entre otros”, añadió.
Bajo este criterio, las dos organizaciones coincidieron en que se debe establecer una adecuada política de incentivos a los profesionales; mejorar la calidad de atención, de la infraestructura y de los equipos médicos; horarios de trabajo dignos, entrenamiento y capacitación permanente.
También consideraron que las cesáreas son un avance que salva vidas y que deben ser respetadas, pues algunas sí son humanizadas y las mujeres, una vez informadas, deben tener el derecho a optar por ellas si lo desean.
De igual manera, manifestaron que se debe ampliar la finalidad del proyecto, porque no se aborda de manera integral los problemas que las mujeres encuentran desde que buscan quedarse embarazadas hasta el post parto, incluyendo los abortos y las muertes de los hijos.
Así, Moreno de Los Ríos planteó que se reconozca que el nacimiento es un proceso fisiológico normal y saludable; que los derechos de las mujeres y bebés en el embarazo, parto y nacimiento son inalienables; y, que se debe garantizar la práctica médica respetuosa, incorporando la salud ancestral. En tanto, Yánez, manifestó que la ley en su objetivo debe garantizar la atención de la mujer en el embarazo, el parto, el post parto, el vínculo entre la madre y el hijo y la lactancia materna.
Entre otras observaciones, se consideró que no se toma en cuenta las pérdidas gestacionales y que no se desarrolla en profundidad la violencia gineco-obstétrica. Además, para Moreno de Los Ríos es necesario reivindicar a la partera tradicional y el parto en casa. “Creemos que, al igual que otros países, el parto en casa y la figura de acompañamiento deberían ser cubiertos por el seguro social”, dijo.
Según la representante de El Parto es Nuestro, el centro de la discusión en el proyecto debería ser el enfoque de derechos de las madres, acompañantes y recién nacidos. “Estamos hablando de los derechos humanos más básicos…Esta es una de las pocas leyes que protege a la totalidad de la ciudadanía, pues aunque el 100% no da a luz, el 100% sí llegamos al mundo en un parto. Hagamos que esa llegada sea lo más respetada y digna posible”, enfatizó.
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