Varios legisladores rechazaron las conductas delictivas que se realizan mediante la delincuencia organizada. Entre ellos el tema más recurrente fue el de la conformación de paraísos fiscales, que perjudican al país. Esto durante el inicio del segundo debate del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Anticiparon su apoyo y pidieron que se precisen algunos cambios, para que no se violen algunos derechos como la intimidad y el debido proceso.
Mientras el asambleísta Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, resaltó el apoyo unánime que tuvo el informe para segundo debate en la comisión, porque “estamos demostrando que somos conscientes de lo que estamos viviendo”, el parlamentario opositor Franco Romero dijo que su partido (PSC) apoyará el proyecto porque “es una ley técnica que trata de fortalecer los controles para evitar la elusión de impuestos e impedir que dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos participe dentro de la economía nacional formal”.
En tanto, el independiente Ramiro Aguilar resaltó la nueva institucionalidad que se crea mediante esta norma, en la que se “fortalece a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)”, que será adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica. Subrayó que la mesa no haya acogido la propuesta del gobierno, que es el mentor de este proyecto, de que dicha Unidad sea parte del Ministerio del Interior.
“Este proyecto se ajusta a la norma constitucional y a la normativa internacional. También tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de contribuir de manera eficiente en la lucha de estas actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de órganos, el tráfico de armas, los delitos financieros, el enriquecimiento ilícito, entre otras”, aclaró la asambleísta Rocío Albán, tras sostener que muchas actividades relativas a los Papeles de Panamá encubren actividades ilícitas y que el lavado de dinero en el mundo equivale al 3% del PIB.
Pero, su coidearia Ximena Ponce fue más allá y comentó que esta ley no es una acción aislada, sino que es parte de varios elementos que se han venido coordinando, motivados por los mandatos de la Constitución para combatir este mal. “Se han venido configurando elementos estructurales desde la Constitución y otras normas como la Ley para Presentación y Control de Declaraciones Juramentadas y la propia Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad por el terremoto del 16 de abril, que dispone la entrega de información sobre inversiones de empresas nacionales en el exterior o cuentas offshore”, afirmó.
En cambio, Luis Fernando Torres señaló que si bien esta ley ha simplificado ciertos temas, se generan ciertos riesgos con el poder tan amplio que tiene la UAFE, que además pasa a ser parte de un ministerio de la Función Ejecutiva, cuando debe ser un organismo independiente. Al igual que Fernando Bustamante, cuestionó sobre el universo de obligados a reportar información a la Unidad. En el caso de compañías anónimas, en donde las acciones se mueven a diario, solicitar información actualizada se puede volver imposible, añadió Bustamante.
Sin embargo, para el legislador Oswaldo Larriva una ley no es suficiente, si los organismos de control y de justicia no realizan un buen papel. También sostuvo que “es responsabilidad de todos los ecuatorianos denunciar y combatir la corrupción”.
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