La Comisión del Derecho a la Salud avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley de Parto Humanizado de iniciativa de la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira. Analizó el articulado y recibió los criterios de la doctora Cecilia Acuña, de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud OPS/OMS. La funcionaria manifestó que es un proyecto importante para normar temas fundamentales de los derechos de la mujer y para la práctica de procedimientos con relación al parto en el sistema de salud ecuatoriano, tanto en lo público como en lo privado.
Felicitó la iniciativa y consideró importante que se pueda legislar al respecto. Trajo a colación el aumento alarmante de cesáreas en el mundo, que de acuerdo con estudios en los últimos 10 años, en 15 países de distintas regiones, las cesáreas no deben superar el 15% de todos los partos que se realizan en un establecimiento de salud, pero que en muchos países excede el 40%.
Pidió que se deje claro que el parto no es una enfermedad ni la mujer embarazada una paciente, sino una usuaria del sistema de salud. El parto debe ser asumido como un procedimiento para ayudar a un proceso natural de la mujer, de su hijo y de la pareja, en donde todos tienen que verse beneficiados, señaló.
Explicó que durante el proceso del parto se pueden producir situaciones que conllevan a un problema de salud o emergencias sanitarias, ante las cuales se debe actuar para salvar la vida de la mujer y de su hijo.
La funcionaria comparte que la propuesta sea un insumo para el Código de Salud. Sugirió la necesidad de que la mujer conozca durante el embarazo todas las modalidades posibles del parto vaginal, como el vertical, en agua u otros, de los cuales debe conocer los pro y los contras.
Hay que explicar a la mujer y al personal de salud que la cesárea no es un procedimiento electivo o una modalidad de parto que la mujer pueda escoger, sino que requiere una condición médica que lo amerite. La cesárea es un procedimiento quirúrgico que se debe realizar solo con indicación médica, de lo contrario conlleva una multiplicidad de problemas para la salud de la madre y el niño, por tanto hay hacer la diferenciación en la parte del consentimiento informado a la mujer, enfatizó.
La asambleísta Blanca Argüello propuso que la cesárea sea programada debido a una condición de salud detectada, previo al parto y no practicada por consentimiento expreso de la mujer embarazada, como establece el proyecto de ley.
Verónica Guevara sugirió que la ley regule los mecanismos para una atención integral del parto y norme los nacimientos por cesárea garantizando la humanización de la atención en el parto, la práctica ancestral y el respeto a la persona.
María Cristina Kronfle planteó modificar los artículos 1 y 2 referentes al objeto y ámbito de la ley. Cree que es preocupante que el Estado autorice o no una cesárea cuando ya se establece que la madre puede expresar la forma de elegir su parto. Propuso que la ley asegure una adecuada atención integral del parto humanizado y norme el ejercicio integral de los derechos de la mujer, el niño y la familia facilitando el acompañamiento de las personas que la mujer elija en los procesos de embarazo, parto y post parto.
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