El agua y la tierra son vida para nuestras localidades, dijo César Flores, presidente de la Corporación de Organizaciones Indígenas COICE de Cebadas al señalar la importancia de conocer el contenido de las Leyes de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional.
De su lado, el legislador Mauricio Proaño inició su intervención con la pregunta ¿por qué una nueva ley de tierras? y señaló que en todo el mundo hay aproximadamente 4,9 mil millones de has de superficie agrícola útil. Más de dos tercios son praderas y pastos permanentes, mientras que cerca del 30% de la superficie corresponde a tierras de cultivo. La superficie útil per cápita, para el año 2050 será más o menos 0,15 hectáreas, frente a las 0,38 has en 1970. Hay dos motivos para este desarrollo: pérdidas mundiales de terreno agrícola fértil y una creciente población mundial. Las pérdidas de tierra agrícola por la expansión del área urbana o plantas industriales en crecimiento, explicó.
En Ecuador la población total para el año de 1960 fue de 4.51 millones, incrementándose para el 2014 a 16.52 millones, lo que implica mayor producción de volumen de alimentos para la población. Esto generó problemas como el incremento de la urbanización, aumento de población y necesidad de alimentación, reducción de superficie agropecuaria, avance de frontera agrícola, disminución de fuentes de agua, la pérdida de fertilidad del suelo. Estos aspectos hicieron que desde la Asamblea se piense en la nueva ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, resaltó.
Por ello, dijo que la ley propone mejorar la productividad, limitar la frontera agrícola, conservar y mejorar la fertilidad del suelo, evitar el minifundio; expropiación del latifundio que no cumple la función social y ambiental; seguridad de la propiedad de la tierra rural y territorios ancestrales, es decir, una agricultura sostenible, con soberanía alimentaria que permita el buen vivir.
Les explicó que el Estado diseñará estímulos económicos, productos y servicios para la agricultura familiar, políticas de incentivos y programas de innovación tecnológica, fomento a la producción, crédito rural, seguro agrícola, valor agregado a la producción, apoyo a la comercialización, impulso al mejoramiento de las propiedades que cumplan la función social, es decir que tengan producciones promedios de la zona.
A través de la normativa se crea la Unidad Productiva Familiar que constituye una unidad de medida económica, estimada en un número de hectáreas de tierra productiva, que le permita a una familia rural percibir ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, agregó.
Además, la ley propone limitar la frontera agrícola, protegiendo y conservando los ecosistemas frágiles, como zonas de páramos, recarga hídrica, pantanos, bosques primarios. No se entregará superficies menores de la unidad productiva familiar porque se considera minifundio, aseveró Mauricio Proaño.
La ley regulariza la posesión para legalizar, titular y redistribuir la tierra rural, reconoce el derecho a la propiedad sobre la tierra rural pública, el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a sus territorios ancestrales. La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados en un plazo de dos años, procederá a la titulación de las tierras rurales públicas, añadió.
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