Con debates académicos y jurídicos el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana discutió hoy sobre la “Construcción de la Ciudadanía Suramericana y los Avances Normativos en esta Materia”. En el Foro, el antropólogo y especialista en movilidad humana Jacques Ramírez habló sobre el proceso de construcción de esta ciudadanía y dio algunos datos cuantitativos sobre el proceso migratorio en la región; mientras que el doctor en jurisprudencia, Aldo Auquilla, también conocedor de la migración, disertó sobre la legislación para personas en movilidad humana.
El asambleísta Alex Guamán, presidente del grupo parlamentario, explicó que los elementos que se pongan en debate en el Foro serán fundamentales para la construcción del proyecto de Movilidad Humana. Esa misma reflexión la tuvo la legisladora Dora Aguirre, quien dijo además que esta norma “marcará un antes y un después en el ámbito de la movilidad humana…y quizá Ecuador pueda convertirse en pionero en la Región en incluir a la ciudadanía regional en el proyecto de ley”. En tanto, Francisco Hagó enfatizó que se está profundizando este debate y mirando a la migración desde otra perspectiva.
Ciudadanía suramericana
Jacques Ramírez explicó que en la región ya se han dado algunos procesos de construcción de la ciudadanía regional desde inicios del siglo XIX, con acuerdos bilaterales, multilaterales, leyes y decretos, a través de organismos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Mercosur.
Sin embargo, destacó que la migración ha sido vista bajo los lentes de la categoría de lo económico y planteó un cambio de paradigma que construya una ciudadanía suramericana diferenciada, en donde se reconozca el derecho a la diversidad, que facilite el movimiento intrarregional, la libre circulación y la construcción de una integración regional, con mecanismos que faciliten la residencia.
Ramírez indicó que en la Unasur, desde donde se impulsa la ciudadanía regional, se trabajó en un concepto de esta categoría que explore las diferentes dimensiones de la misma. Así, explicó que se le ha definido desde dos condiciones: la jurídica y sociocultural. En cuanto a la primera afirmó que se trata del acceso progresivo a derechos, deberes y obligaciones por parte de las y los ciudadanos de la Unasur, mientras que la segunda tiene que ver con identidad, pertenencia y arraigo a la tierra suramericana, a sus tradiciones y costumbres, a sus culturas diversas, a sus lenguas e idiomas y a las cosmovisiones.
El académico enfatizó en la necesidad de construir una ciudadanía que retome el principio de “uis domicile”, que implica reconocer la capacidad de acción y elección de los personas y reconocer sus derechos en el lugar donde reside, en donde se transforme al extranjero, al “otro”, en “nosotros”, a partir de categoría de nacionalización o naturalización.
Flujos migratorios
Ramírez manifestó que no existe ningún país en la región que se quede por fuera de los flujos migratorios intrarregionales y que 11 de los 12 países miembros de la Unión tienen como principal flujo de inmigrantes a ciudadanos pertenecientes a algún país de UNASUR. Expuso que el porcentaje de población inmigrante en la región es de 1,25%, cuando el promedio mundial es de 3% y que Ecuador, Chile y Bolivia son los países que más han crecido en migración en las últimas dos décadas. En nuestro país el 50% son colombianos, el 6% peruanos y chilenos, mientras que en los últimos años se ha incrementado la cifra de venezolanos.
Normativa sobre la movilidad humana
El magíster en derecho civil y procesal civil, Aldo Auquilla, aseguró que la ciudadanía intrarregional, a pesar que jurídicamente no sido determinada, sí ha sido reconocida “de hecho” a través de muchos derechos y obligaciones. “La nacionalidad si bien es la pertenencia, no quiere decir que el ejercicio de derechos esté supeditado a la nacionalidad, sino a la ciudadanía”, señaló.
“Nos conformamos con los artículos 6 y 7 de la Constitución, que se refiere a la nacionalidad, pero no se entiende lo que se quiere decir, así mismo con el artículo 9 que habla de que los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos. El acceso y la portabilidad de derechos no depende de una nacionalidad, sino de ser personas. Se reconoce por ejemplo los mínimos derechos humanos con los que una persona puede movilizarse, los derechos políticos, acceso al agua, educación, familia, reagrupación, a la justicia. La ciudadanía de hecho, existe. La ciudadanía suramericana está a la vuelta de la esquina”, añadió el especialista en migración y derechos humanos.
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