La Comisión de Relaciones Internacionales y la Seguridad Integral inició el tratamiento de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, que constituyen delitos que preocupan profundamente a todos los Estados. Al respecto la Mesa Legislativa recibió el pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas, NN.UU.
Por más de una hora, desde Chile, a través de video conferencia, Patricia Arias, miembro del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios, del Consejo de Derechos Humanos de la NN.UU, expuso sus criterios. A la funcionaria le parece de vital importancia la ratificación de esta convención, por la forma y las modalidades de mercenarismo que se están viendo en la actualidad en el ámbito internacional.
Aclaró que el mercenario es toda persona que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado; que tome parte en las hostilidades animadas esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa por una parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa parte; que no sea nacional de una parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una parte en conflicto.
El mercenarismo, los conflictos, las milicias, los combatientes extranjeros, las compañías de seguridad privada, entre otros, aparte de impactar negativamente en los derechos humanos están desequilibrando a las partes, cuando hay un conflicto armado, por lo que es fundamental la ratificación de la convención para luego pasarla a la incorporación de la legislación interna, de carácter penal, de compañías de seguridad privada y la sanción o la tipificación de esta actividad de reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios, aseveró la representante de la ONU en Ecuador.
Indicó que han estado haciendo estudios sobre las legislaciones en materia de seguridad privada y se han encontrado que solo en el caso de Perú, de los países estudiados en América Latina que son 8 de América del Sur y 8 en América Central, incluido México y Cuba, tiene dos normas en la legislación sobre seguridad privada interna, donde se condena y se considera delito el entrenamiento, reclutamiento, financiación o uso de mercenarios.
Los otros países de América Latina ya han ratificado la Convención Mercenarios, Cuba en el 2007; Costa Rica en el 2001; Hondura en el 2008; Perú en el 2007 y Uruguay en 1999.
Los asambleístas Dora Aguirre, presidenta encargada de la Comisión; Eduardo Zambrano, Diego Salgado y Fernando Bustamante expusieron sus inquietudes relacionadas con el interés del tratamiento de la convención; los compromisos de los Estados con respecto a esta legislación, el valor de proteger al país que lo aprueban; consecuencias de no aprobarse, entre otros.
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