Hoy se cerraron las jornadas de talleres acerca del proyecto de Ley de Movilidad Humana, que llevó adelante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. Esta normativa que es analizada por la Comisión de Soberanía y Relaciones internacionales de la Asamblea Nacional, pone al Ecuador a la vanguardia de este tema, en el que el país avanzó a pasos agigantados, cuando reconoce a la movilidad como un derecho e impide que cualquier persona sea calificada como ilegal debido a sus condiciones migratorias.
Según explicó Mónica Rodríguez, de la Unidad Técnica Legislativa, en el país tenemos claro que existe un problema que es necesario regular y que es un acierto que se lo analice como una Ley Orgánica.
El proyecto de ley ya pasó por un proceso de socialización, en el que se recogieron todas las observaciones de diferentes sectores para incluirlas en la normativa. “Es un sueño tener un nuevo cuerpo legal en materia de migración y el proyecto de ley que se analiza es integral, porque agrupa a todos los tipos de movilidad existentes en un solo cuerpo legal, con el enfoque de respeto a los derechos”, dijo Jack Ramírez, experto en movilidad humana.
El taller permitió retomar el tema de la movilidad humana y facilitó tener una visión completa de la situación a nivel nacional, además de establecer ciertas observaciones al proyecto, con el objetivo de nutrirlo y tener un cuerpo legal que vaya acorde con las necesidades de los principales afectados.
Refugiados
En cuanto al tema de los refugiados, Mónica Rodríguez expresó que era necesario analizarlo más a fondo, porque en el proyecto de ley existe un vacío legal. “Al hablar del ingreso y salida de personas y para que se genere un verdadero engranaje, hay que aplicar una excepción para aquellos que están como refugiados, que no pueden presentar su documento de identidad. Debe haber claridad en la exigencia de ese requisito para no incurrir en una inconstitucionalidad al no dejarlos ingresar”, explicó.
“Ecuador fue pionero al poner a nivel constitucional el derecho a la libre movilidad, a la migración y el reconocer principios progresistas como el de la ciudadanía universal, familia transnacional, lo que dio paso a que a nivel regional se establezcan normativas”, aseguró Jack Ramírez.
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