La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, en el marco del análisis del proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público, debatirá ciertos temas como la institucionalización de la carrera administrativa; mecanismos públicos de ingreso de los servidores públicos y el régimen disciplinario para faltas graves.
El proyecto reforma las Leyes de Servicio Público, de Educación Superior, de Educación Intercultural y de Empresas Públicas.
El legislador Fausto Cayambe, vocal de la comisión, subrayó que en el documento se incorporarán aspectos la carrera administrativa, que es un derecho constitucional que tienen los servidores públicos y que no está desarrollado en la normativa.
Dijo que este tema se está confundiendo con el acceso de nuevos ecuatorianos al servicio público, cuando lo que se pretende es permitir que los servidores de menor escala que cumplan los requisitos y la experiencia en la entidad puedan acceder a un puesto más alto cuando se produzca una vacante.
Aclaró que para llenar vacantes se llamará a concurso de méritos y oposición reconociendo primero el derecho a la carrera administrativa de los servidores públicos, que han desarrollado capacidades y destrezas. Es importante institucionalizar la carrera administrativa y dejar claro los mecanismos públicos de ingreso de los servidores públicos entre otros temas, subrayo.
Otro aspecto que queda pendiente, dijo, es definir la vía que se le dará a la judicialización de determinado tema, si tendrá que ir a lo contencioso administrativo o al juez laboral.
Así mismo, el régimen disciplinario en el caso de faltas graves, en donde actualmente el mismo empleador es juez y parte, lo que en derecho laboral no es permitido. “No puede ser posible que sea el mismo jefe el que le sancione al empleador, por lo que es importante que exista un tercero, como el Ministerio de Trabajo como entidad rectora y garante de los derechos de los trabajadores y los servidores públicos el que determine la falta”, enfatizó.
Por último, Cayambe hizo un llamado a todos los actores sociales a trabajar en una ley moderna que responda a la tendencia del siglo XXI, que los servidores públicos puedan ser protagonistas de brindar servicios a la ciudadanía con calidad y eficiencia pero también garantizando derechos individuales y colectivos.
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