El asambleísta Richard Calderón presentó el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial de Transporte Terrestre. A través de esta iniciativa se pretende brindar herramientas que garanticen la coordinación y articulación de los diferentes niveles de gobierno en esta materia. El legislador explica que se desarrollan preceptos que permiten concebir los diferentes tipos de vías del país como un conjunto armónico.
“Pese a la importancia que conlleva la rectoría, planificación, regulación, gestión y control de la infraestructura vial, el Ecuador aún cuenta con una Ley que data de 1964, que no desarrolla importantes principios de la Constitución del 2008”, agrega Calderón. Afirma que si bien la Constitución reconoce que la competencia de infraestructura vial es de todos los niveles de gobierno en su ámbito territorial resulta indispensable establecer normas que permitan la correcta articulación y planificación de la vialidad, ya que todas forman parte de un sistema.
De esta manera, con la ley se busca “establecer un régimen jurídico para la planificación, ejecución, construcción, conservación, regulación y control de la infraestructura del transporte terrestre y sus servicios complementarios, que estará a cargo del ministerio rector en infraestructura de transporte terrestre”.
Además, indica que se requiere que un organismo técnico emita las características que deben tener los diferentes tipos de vías para garantizar la seguridad de los usuarios y que estas infraestructuras cumplan con la funcionalidad que motivó su construcción.
Por otra parte, agrega que con esta norma se reformará también la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Código Orgánico de Organización Territorial en los temas relacionados a la expropiación y contribución especial de mejoras. Argumenta que es indispensable establecer una normativa general que, independientemente del nivel de gobierno, garantice el principio de igualdad.
Richard Calderón asegura que mediante la infraestructura vial se garantizan derechos como los de movilidad humana interna, potencia la actividad económica, conecta los centros de producción con los de procesamiento, distribución y venta “actividades propias de la cadena productiva que permite la concreción de importantes principios regulados en el régimen de desarrollo económico de la Constitución”, dice.
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