Son dos las reformas que se propone a la Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar: En la primera se habla que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que celebren contratos para la provisión de obras, bienes o servicios, deberán rendir una garantía de fiel cumplimiento de obligaciones laborales con sus trabajadores, mediante una póliza por el monto total del valor del recurso humano contratado.
La segunda reforma es la adhesión de un artículo en donde se estipule que los contratos que celebren los empleados sean públicos o privados, de manera obligatoria sean con mano de obra local.
El proponente de estas reformas es el asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Arcadio Bustos. Dentro de los argumentos para presentar este proyecto se expone el caso del Estado ecuatoriano, que a través de sus empresas públicas contrata para la construcción de obras de infraestructura a empresas privadas, que tienen personal técnico a sus servicios. Sin embargo, las remuneraciones y otros beneficios, como décimos tercer y cuarto sueldos, horas suplementarias y utilidades no se pagan por meses y en algunos casos años, a pesar de que estas empresas reciben el anticipo del contrato.
Argumentos
En el documento, cita el caso de los ex trabajadores Joaquín Vistín y Francisco Calderón de la empresa Promocaledonian S.A., quienes aseguraron que en 2014 laboraban en la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Lumbaquí 156 trabajadores, 20 proveedores y transportistas de los cantones Cascales y Gonzalo Pizarro. Sin embargo, en 2015 empezaron a despedir personal y solo quedaron 87 entre albañiles, carpinteros, bodegueros, peones y personal administrativo, a quienes les adeudas sus remuneraciones más beneficios de ley por los meses de mayo y junio, deuda que asciende a 250 mil dólares.
Dentro de los argumentos se exponen varios ejemplos de casos ocurridos en diversos sectores de Ecuador, en donde los trabajadores resultan afectados, porque existen ciertos vacíos, según el proponente.
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