El legislador manabita Carlos Bergmann Reyna, miembro de la Comisión de Régimen Económico, puso de manifiesto el avance y resultados prácticos de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril, al cumplirse tres meses de su aplicación.
Comentó que países como Japón, Chile, México y China, entre otros, han dictado ese tipo de medidas para enfrentar serias catástrofes naturales con una duración de largo tiempo, mientras la normativa ecuatoriana quedará sin efecto luego de un año de ejercicio.
Enfatizó que la ley permitirá recaudar mil millones de dólares, al recordar que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) ha determinado que la reconstrucción y reactivación costaría 3 mil 600 millones de dólares. En todo caso, el altruismo de la población y de la comunidad internacional, así como la gestión efectiva del Gobierno permite que el proceso se desarrolle en los mejores términos, a favor de los damnificados y las zonas afectadas.
Alrededor de 400 millones de dólares se ha recaudado hasta agosto, lo que se irá incrementando paulatinamente por efectos del impuesto al valor agregado (IVA), que está en un monto de entre 60 ó 70 millones de dólares mensuales, que constituye el mayor peso de contribución dentro de esta ley. Atender áreas de salud, saneamiento ambiental, vialidad y la reactivación económica, han sido las prioridades, dijo.
Señaló que la banca privada contará con importantes recursos para, a su vez, entregar créditos productivos y que fundamentalmente a través del sistema de cooperativismo se darán préstamos a largo plazo e intereses más bajos a segmentos de la población que son parte de la economía popular y solidaria, a fin de efectivizar la activación y que los manabitas y esmeraldeños retomen sus actividades económicas.
Tres mil créditos a nuevos emprendedores o grupos identificados con el sector productivo –mediano y pequeño-, por valores que oscilan los 24 millones de dólares, a lo que se suma la renovación o refinanciación de 10 mil créditos, además que 8 ó 10 millones han ido a la masa productiva, son acciones afirmativas del manejo transparente de la Ley de Solidaridad, argumentó.
Precisó que, en cumplimiento de la normativa, el Ministro de Finanzas y el Comité de Reconstrucción podrán explicar oportunamente en la Asamblea Nacional todos y cada uno de los pasos dados hasta el momento y en el futuro.
MG
