El 21 de julio pasado entró en vigencia la Ley Orgánica para la Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de otros delitos, que se trató en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Según explicó el asambleísta Ramiro Aguilar, se trata de una normativa más técnica, dinámica y moderna, que va acorde con las necesidades del país, en asuntos relacionados con el lavado de activos. “Ingresó como un proyecto del Ejecutivo que pedía una pequeña corrección. Sin embargo, la comisión tomó la iniciativa de redactar una ley con mayores alcances”, dijo Aguilar.
Para Ramiro Aguilar, se trata de una ley completa, que fortalece la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Además, con la normativa se amplió la gama de sujetos obligados a declarar, se establecieron claramente los procesos administrativos en el momento que exista la necesidad de imponer sanciones, incluso se llegó a modificar el esquema de control tributario y se mejoró la redacción de tipo penal que tipifica la defraudación tributaria, que tiene intima relación con el lavado de activos, porque una de las consecuencias es evadir impuestos.
Según el parlamentario, es necesario darle un periodo de vigencia de al menos hasta diciembre, para evaluar el impacto de la ley junto al director de la UAFE, ahí se conocerá cómo se usan las herramientas dotadas por la ley para evitar el lavado de activos. “La lucha contra el lavado de activos es permanente y nunca completa, porque no se puede suprimir el delito y el delincuente siempre será creativo. El gran reto a partir de la nueva ley es generar dinámicas de prevención, que le da facultades que no tenía la UAFE, que ahora puede pedir reportes, hacer inspecciones, tener una cooperación directa con el SRI. Es decir, está integrada en una serie de instituciones cuya información cruzada le puede ser de utilidad”, explicó.
MC
