Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa fueron tema de análisis esta mañana. La vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Mónica Brito, hizo énfasis en la importancia que tienen, no solo para fortalecer el rol fiscalizador del Parlamento, sino también para garantizarles a los ciudadanos que el trabajo se hará de mejor manera, porque se norman ciertos aspectos que la actual ley no contempla. “La comisión hizo hincapié en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, sin dejar de lado los temas legislativo y fiscalizador”, dijo.
La legisladora también se refirió a la importancia de que la consulta prelegislativa conste en el cuerpo legal y ya no sea solo un instructivo. Según explicó, esto permite que cuando una ley pueda afectar derechos colectivos, sean los propios ciudadanos quienes den a conocer sus puntos de vista sobre esos temas. “Es un proceso de participación ciudadana y lo comprobamos con las leyes de Tierras, Aguas, el Código Ingenios, en donde se recibieron insumos y propuestas que alimentaron esas normativas”, aseguró Mónica Brito.
Información, ausencias y vacío legal
La asambleísta también habló sobre los pedidos de información y explicó que al interior de la comisión se realizó un profundo debate sobre el tema. “Una de las conclusiones a las que llegamos es que no existe un criterio de discrecionalidad, pues la información se remite y genera a partir de que el asambleísta la solicita y sí se requiere un registro para tener un histórico de los pedidos de información, que es de los ciudadanos y deben existir los mecanismos que permitan el libre acceso a ella”, enfatizó.
Para Mónica Brito, existe una evaluación positiva luego del primer debate de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, especialmente en lo referente a llenar el vacío legal sobre la privación de libertad de un asambleísta y explicó que es importante que se deje sentada la posibilidad de que cuando esto ocurra el alterno se principalice de forma inmediata. “Mientras no exista una sentencia ejecutoriada el asambleísta no pierde la calidad de legislador. Hoy hay que presentar excusas para principalizar al alterno y con las reformas esto ya no sería necesario”, aseguró.
MC/pv
