La vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Mariangel Muñoz, explicó que la llegada de nuevos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el trabajo en otros temas han impedido que la mesa entregue un informe unificado para primer debate. Sin embargo, anunció que podría estar listo en octubre o noviembre próximo.
La legisladora dijo que si bien el código marcó un antes y un después en el sistema penal, porque se garantizan derechos, el debido proceso, se lucha contra la impunidad y otros cambios positivos, en la práctica, y haciendo un seguimiento de la norma, se pueden identificar algunos temas que faltan y otros que pueden ser mejorados.
De esta manera, comentó que desde enero se debaten algunas propuestas enviadas desde varias instituciones. Por ejemplo, contó que desde el Ejecutivo se remitió un proyecto sobre el tema de contrabando de combustibles para que las penas se reduzcan según la gravedad del delito. Estamos conscientes que las penas pueden ser revisadas según las realidades que se suscitan. En el tema del contrabando es necesario hacer una reducción de la pena, existe desproporción, aseveró.
Asimismo, afirmó que desde el Consejo de la Judicatura se han presentando algunas observaciones sobre el procedimiento abreviado, que es un sistema que establece una reducción de la sanción cuando la persona reconoce el hecho. Ahí vemos que se están dando algunos abusos y se propone que solo proceda en casos de delitos de hasta cinco años de pena, manifestó.
Otro de los temas que entró al debate en la Comisión vino desde organizaciones de mujeres y jueces de violencia contra la mujer, que fue plasmado por los legisladores de Azuay: Rosana Alvarado, Liliana Guzmán, Diego Vintimilla y Mariangel Muñoz. Esta última sostuvo que esta reforma tiene que ver con la violencia contra la mujer y la familia. Se busca aumentar un tipo penal para las contravenciones en el caso de violencia física que no deje huella, violencia psicológica y patrimonial. Hemos recibido apoyo de diferentes sectores, ciudadanos y organizaciones, sostuvo.
Papeles de Panamá
La asambleísta Mariangel Muñoz hizo un llamado a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía y a la Superintendencia de Bancos para que, de acuerdo con sus competencias, atribuciones y obligaciones, realicen los procesos correspondientes contra las personas e instituciones señaladas en los “Papeles de Panamá”, a fin de determinar posibles responsabilidades.
Destacó que la comisión investigó alrededor de ocho meses y obtuvo resultados importantes. “Uno de ellos fue que identificamos algunos nombres de funcionarios públicos que aparecían en los Papeles de Panamá y que no habían presentado sus declaraciones juramentadas de forma íntegra. Enviamos esta información al Contralor para que, sobre la base de sus competencias, adelante el proceso de examen especial que se requiere, a fin de determinar posibles responsabilidades civiles, administrativas o penales”, indicó. La parlamentaria contó que también se dotó de información a otras instituciones, como la Fiscalía.
A la Superintendencia de Bancos hizo un llamado para que vigile que el proceso de desinversión de los bancos ecuatorianos, que tenían capitales en paraísos fiscales, sea cumplida. Señaló que con la investigación se pudo identificar que la Ley general que regula el Ecuador establece algunos vacíos frente a los paraísos fiscales. Se refirió al estudio que se realizó a las universidades. Dijo que se apoyó una reforma a la Ley de Educación Superior para que se vigile que se cumpla el principio que la educación es un derecho y no debe buscar el lucro.
LM/pv
