La Sociedad de Artesanos, en San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura, se convirtió en el sitio en donde se debatieron ideas y se presentaron propuestas respecto al proyecto de Ley de Desarrollo Artesanal, que se encuentra en etapa de socialización.
La asambleísta Marisol Peñafiel aseguró que en la actualidad existen dos normativas que se contraponen y no garantizan los derechos de los artesanos, por lo que cree que es fundamental que se dinamice a este segmento que sostiene la economía del país con la comercialización, ponerle valor agregado y entender que los circuitos turísticos y de prestación de bienes y servicios no solo están en Otavalo, en el caso de la provincia de Imbabura, pues esto permitirá un registro único de bienes y servicios de artesanos que ofrezcan diversidad.
Dentro de la socialización en San Antonio de Ibarra se aclaró que existirán mejoras en la tramitación, por ejemplo se agilizarán los mecanismos para sacar patentes. “Hay un tema de debate, que es el de los aprendices, que se garantiza a través de la afiliación, pero se pueden buscar mecanismos como pasantías, para que no muera la diversidad”, explicó Marisol Peñafiel.
Se pagará una deuda histórica
Las preguntas se centraron en la facilidad para acceder a créditos, para que no tengan que dar garantías para obtener financiamiento. Existe una serie de elementos que garantizan que se pagará una deuda histórica con el sector artesanal. “Es fundamental recorrer las provincias, para explicar lo que trata la normativa. Hay que escuchar la voz del artesano, porque son ustedes quienes construirán esta normativa”, dijo Soledad Buendía.
Con la ley se apunta a facilitar la obtención de créditos adecuados, tasas preferenciales y sin garantías para montos de hasta 20 mil dólares, incentivos, el registro único que permita cero trámites.
En San Antonio, la materia prima para elaborar artesanías es la madera, pues es tierra de escultores y talladores. Ellos proponen que se busque una forma en la que se les facilite la obtención de madera a cambio de sembrar árboles, en terrenos destinados por el Estado.
Se mantendrá la autonomía de la Junta del Artesano, además se buscan mecanismos para generar una titulación rápida, ágil que garantice los conocimientos y que permita que los artesanos tengan una herramienta certificada por los ministerios de Trabajo y de Educación, para que puedan poner sus talleres artesanales y ser instructores. “Estamos abiertos a las críticas y propuestas, para que el borrador de la ley se convierta en una luz para que beneficie a más de 1 millón 200 mil artesanos, que requieren que se les busque mejores alternativas. Esta será una ley de consensos”, dijo Soledad Buendía.
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