El informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (INGENIOS), en buena parte, fue trabajado durante seis meses en territorio, además de la socialización y recepción de aportes y sugerencias de organizaciones sociales y la ciudadanía.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología lideró el proceso de audiencias públicas provinciales, en el marco de la consulta prelegislativa, a las comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatoriano y montubio, en su calidad de titulares de derechos.
El trámite y aprobación de dicha propuesta se convirtió en una de las prioridades del organismo parlamentario para este 2016, dentro del cronograma de actividades, junto a las leyes de extinción de universidades suspendidas y de Cultura.
Las audiencias públicas se cumplieron en 23 provincias, a lo que se suma la mesa de diálogo nacional, donde se logró un 98% de consensos sobre los aspectos sustantivos de la consulta, en que participaron 85 organizaciones: 66 de primer grado, 15 de segundo grado y 4 de tercer grado; un total de 3.251 personas intervinieron activamente en estos encuentros.
INGENIOS es una herramienta vital para democratizar el acceso al conocimiento de todas las personas, sin limitación o restricción, como un bien de interés público; una oportunidad para desarrollar a gran escala la investigación científica; reconocer y consolidar los saberes ancestrales; abrir espacios para que la juventud y la población en general pongan en marcha proyectos productivos con incentivos de parte del Estado. La medicina tradicional y la importante labor de las comadronas (yachak mama), encargadas de atender a las parturientas, están fijadas en el cuerpo legal.
Busca dejar atrás el escaso desarrollo de conocimientos en el país, el mínimo número de patentes solicitadas por actores nacionales, la casi nula innovación generada por empresas ecuatorianas, la falta de articulación entre los sistemas de educación superior y nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales. También fomenta la protección de la biodiversidad como patrimonio estatal, a través de reglas que garanticen su aprovechamiento soberano y sustentable, para evitar que ciertas personas o empresas patenten en el exterior productos o saberes de pueblos originarios.
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