Era la mañana del 28 de abril de 2016, cuando un avión con 86 pasajeros a bordo, de la aerolínea TAME, perdió pista en el aeropuerto Mariscal Lamar, en Cuenca. Pasaron 5 meses y todavía la Junta de Investigación de Accidentes no tiene un informe concluyente respecto a lo que sucedió, lo que sí existe es un documento preliminar. Esta es la razón para que en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, la legisladora Liliana Guzmán ponga sobre la mesa un proyecto de reforma a la Ley de Aviación Civil.
La legisladora propone incluir un inciso en el que se especifique que una vez ocurrido un accidente aéreo la Junta investigadora tenga 180 días de plazo para presentar un informe, con la posibilidad de pedir una prórroga de 90 días. “Nuestra Constitución nos asegura que los bienes y servicios deben ser claros y oportunos y tenemos derecho a recibir una información adecuada y al no existir tiempos, no existe la posibilidad de saber lo que sucedió y eso nos deja sin piso para tomar previsiones”, dijo Liliana Guzmán.
En la provincia de Azuay existe un antes y un después del accidente aéreo, pues a raíz de lo sucedido, la pista dejó de funcionar y los aviones se vieron imposibilitados de aterrizar. Esto desembocó en una baja del turismo con consecuencias que se reflejan en pérdidas económicas para los azuayos, especialmente para quienes viven de actividades relacionadas a las divisas que dejan los visitantes, en Cuenca. “Por fortuna no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero necesitamos saber lo que pasó”, explicó.
Sin precedentes
En el mundo no existe una norma que fije plazos para entregar informes concluyentes sobre accidentes aéreos y hay una explicación del por qué. Carolina Ortiz, de la firma de abogados Paz Horowitz, que se especializa en materia de aviación civil, explicó que Ecuador está suscrito al Convenio de Chicago, que tiene consideraciones específicas en lo que respecta a accidentes y no se consideran plazos, porque depende de la magnitud del percance y además hay un sinnúmero de temas que están interconectados que limitan establecer tiempos. Sin embargo, en ese convenio se recomiendan 12 meses para tener un informe final y aunque parece extenso, se toman en cuenta todas las situaciones que rodean a la industria aeronáutica.
Para Ortiz, este convenio de la aviación es más vinculante que una ley. “Debemos velar para que se lo respete. Además se establece un manual para saber los lineamientos a seguir. La industria aeronáutica no es meramente legal, sino técnica y estas limitaciones podrían provocar que la información no salga como debe salir, pueden omitirse partes importantes”, dijo.
Uno de los problemas que tiene Ecuador es que en el país no existe la tecnología para analizar las cajas negras, por lo que se solicitó a la compañía brasilera aeronáutica Embraer que lo haga y esa es una de las razones para que exista demora en la entrega de un informe concluyente. “Esta reforma es una propuesta, pero hay que analizarla con los expertos en la materia, con la gente de la Dirección General de Aviación Civil, para que nos expliquen de forma argumentada si es viable o no”, aseguró Liliana Guzmán.
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