La necesidad de establecer sanciones por falsedad u omisión deliberada en materia de propiedad intelectual; regular regalías proporcionales para la obtención vegetal; considerar los conocimientos tradicionales con reglas específicas para este sector; establecer el uso del internet como servicio público; remuneración equitativa por derechos de autor; reglas del uso de marca, fueron entre otros, los aportes de los asambleístas durante el segundo debate del proyecto de Código de Ingenios, en lo que tiene que ver con el Libro III que plantea un nuevo modelo de gestión del conocimiento y materializa el equilibrio que debe existir entre los derechos y los usuarios.
Los parlamentarios también resaltaron la construcción del Código que tuvo la participación de los sectores involucrados. Esta ley permitirá posicionar al Ecuador como un país que desarrolla conocimiento, democratiza el acceso a ciencia y tecnología. El código es un referente histórico para la nación porque siguió un proceso de consulta prelegislativa a fin de garantizar los derechos de pueblos y nacionalidades, resaltaron.
Al concluir el tratamiento del Libro III, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, suspendió la sesión. Resta por analizar el Libro IV y las disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias.
La legisladora Teresa Benavides al proponer que en el artículo 286 se incorpore sanciones por falsedad u omisión deliberada de información en la solicitud de patentes, precisó que se busca evitar acciones de mala fe. Dijo que es necesaria la conformación de redes de información académica entre los diversos actores de ciencia y tecnología o saberes ancestrales para articular sus esfuerzos en beneficio del país. La legisladora Mónica Alemán resaltó que el Código Ingenios fomenta la investigación y democratiza el acceso a la ciencia y tecnología.
Por su parte, Betty Jerez señaló que para los pueblos y nacionalidades es importante el Código Ingenios ya que toma en cuenta los conocimientos tradicionales, pero que es necesario que se les respete como poseedores de derechos intelectuales a fin de que puedan participar de los beneficios económicos. Los saberes ancestrales no pueden ser apropiados por nadie, pertenecen a los titulares de derechos colectivos, manifestó.
El legislador Daniel Mendoza resaltó la importancia del proyecto argumentando que nos permite ser más competitivos a nivel mundial e impulsa la investigación, el desarrollo de nuevos conocimientos, la dinamización de la economía y el emprendimiento de la nueva era.
Richard Calderón sugirió que se ratifique al internet como un servicio básico y por tanto la obligación del Estado de conceder; mientras que Gastón Gagliardo resaltó el trabajo de la comisión en la elaboración del documento con insumos recogidos en todo el territorio nacional y Christian Viteri dijo que se debe reconocer el derecho exclusivo que tiene cada persona sobre el uso de su imagen.
Rosana Alvarado advirtió las complicaciones que han tenido que enfrentar los pequeños emprendedores, innovadores e investigadores. Sin el apoyo de una propuesta por parte del Estado nuestro país no podrá transitar a otra matriz del desarrollo. La actual Ley de Propiedad Intelectual favoreció a determinados intereses, marcas y registros. Los resultados dan cuenta que más de 98% de patentes registradas son extranjeras, finalizó.
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