En tres jornadas de trabajo (4, 6 y 11 de octubre), 48 parlamentarios intervinieron con sus observaciones al Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que fue debatido por libros. En comisión general 8 representantes de diversos organismos inmersos en la temática expusieron sus criterios; y, en las barras altas se dieron cita cientos de personas, entre ellos, estudiantes de distintos establecimientos educativos del país. De esta manera concluyó el segundo debate del Código de Ingenios.
Los parlamentarios resaltaron las bondades del proyecto que permitirá al país impulsar el cambio de pensamiento científico, vinculado a la propiedad intelectual, creando la carrera del investigador; además regula el software libre y privativo, las patentes; y, reconoce los conocimientos y saberes ancestrales de pueblos y nacionalidades.
Al destacar que la normativa es una herramienta vanguardista recordaron la amplia socialización que tuvo la propuesta en territorio, con la consulta prelegislativa y el interés de varios sectores para aportar con ideas a fin de crear este Código, más aún cuando, existen leyes dispersas que hoy se condensan en un solo cuerpo legal.
En la sesión de hoy, los parlamentarios analizaron el financiamiento del sistema y los incentivos para la economía social de los conocimientos, la creatividad e innovación que constan en el Libro IV, así como las disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias. El parlamentario Pablo de la Torre tras señalar que en el proyecto se reconoce los saberes y conocimientos ancestrales, sugirió que en los artículos 29, 30 y 603 se incluya el reconocimiento de becas a pueblos y nacionalidades para que realicen estudios de educación superior.
Herman Moya pidió que al final del artículo 603 que habla de los incentivos financieros para el fortalecimiento del talento humano se especifiquen las directrices, mecanismos y principios que permitan una adecuada asignación de recursos.
El legislador Moisés Tacle, al referirse a las disposiciones reformatorias, dijo que le preocupan los cambios que se efectúa en la Ley de Educación Superior porque, a su juicio, interfieren con la autonomía administrativa y financiera de estos centros, mientras que la asambleísta Noralma Zambrano pidió incluir que en los centros superiores no solo se dicte la cátedra de una lengua extranjera, sino el aprendizaje de lenguas autóctonas.
Por su parte, Armando Aguilar resaltó la importancia de incluir reformas a la Ley de Educación Superior para que las universidades manejen sus propias cuentas económicas que vienen del pago de matrículas e inviertan en proyectos internacionales o productivos. Afirmó que la ley permitirá a las universidades calificadas crear extensiones en las provincias donde hace falta la demanda de centros de educación superior para que los jóvenes puedan seguir sus estudios sin necesidad de trasladarse a otros lugares, criterio que fue compartido por Raúl Tobar, a fin de promover la oferta académica.
De su lado los legisladores Luis Fernando Torres, Ricardo Moncayo y Wilson Chicaiza, mencionaron que la incorporación de 22 reformas a la Ley de Educación Superior, son ajenas a los objetivos del Código de Ingenios por lo que propusieron que las mismas sean consideradas en otro cuerpo legal.
De su lado, Mauro Andino aseveró que los cambios incluidos en Código de Ingenios fueron recogidos de propuestas planteadas en el Pleno, por tanto, no hay nada de inconstitucional. Segundo Campoverde sugirió viabilizar la reforma a la Senescyt para apoyar a quienes deseen seguir carreras intermedias.
Soledad Buendía mencionó que las reformas a la Ley de Educación Superior fortalecen la institucionalidad y gestión de las universidades, tras enfatizar que el objetivo central del código es la democratización del conocimiento. Francisco Hagó señaló que con la normativa las becas pasarán a ser política de Estado. Es necesario cortar las brechas de conocimiento y la dependencia tecnológica, precisó.
Marisol Peñafiel subrayó que en el Código se recoge la diversidad cultural, científica y de desarrollo que existe en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, es decir, se potencia los saberes ancestrales. José Torres indicó que el objetivo central de esta norma es incluir a los marginados, generar educación para todos, es decir, la igualdad a través del conocimiento, investigación y tecnología.
Ramiro Aguilar recordó que la Ley de Régimen Tributario Interno faculta al SRI perseguir la evasión y el lavado de activos, dijo que no se puede establecer una sanción académica a algo que tiene carácter administrativo, particular que también lo mencionó el legislador Cristhian Viteri quien a su vez planteó que las multas y sanciones se establezcan tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, equidad y reincidencia.
Finalmente, el asambleísta Diego Vintimilla, dijo que este es un instrumento democráticamente construido con la participación de miles de personas. El Código es una herramienta que permite al país ser una nación del conocimiento, concluyó.
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