La seguridad de los ciudadanos es uno de los ejes que promueve el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. Con la norma se prohíbe colocar avisos publicitarios, vallas o rótulos de cualquier naturaleza en la vía, en las áreas que comprenden el derecho de vía, en los dispositivos de señalización o en cualquier lugar visible desde la carretera. Se incluye el espacio aéreo correspondiente.
El informe para primer debate de este instrumento legal se encuentra listo para que entre en la agenda del Pleno. La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el documento esta semana. Su presidente y autor del proyecto, Richard Calderón, explicó que el objetivo es establecer un régimen jurídico para la planificación, ejecución, construcción, conservación, regulación y control de esta infraestructura y sus servicios complementarios.
Con la iniciativa se busca la articulación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Se desarrollan y especifican las competencias de cada uno. En una de ellas les obliga a administrar el uso y retiro de vallas en las vías de su competencia que pudieran generar contaminación visual y ambiental.
El proyecto establece que las autoridades deberán disponer el retiro, sin lugar a reclamo o reparación alguna, independientemente de las acciones de daños y perjuicios que pueda interponer. Se exceptúan los dispositivos de señalización preventiva, informativa y de seguridad vial.
Durante el tratamiento del proyecto, los legisladores destacaron que las empresas buscan mecanismos para colocar estas publicidades, sobre todo en el derecho de vía, que muchas veces pueden causar accidentes de tránsito. Para eso se especifica con mayor precisión las competencias, las sanciones y quiénes las aplicarán. Esta violación constituye una sanción grave, según el documento.
El Derecho de Vía es la capacidad que tiene el Estado para que pueda ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. Estas franjas las fijan las autoridades competentes según el tipo de vía.
La norma determina que los funcionarios designados para la supervisión del derecho de vía serán legal y pecuniariamente responsables en caso de permitir la ocupación de estas áreas.
Para precautelar la seguridad y garantizar el derecho a la libre movilidad, en el proyecto también se obliga a los diferentes gobiernos a conservar la infraestructura de transporte terrestre, señalización y seguridad vial. En el caso que se realice algún tipo de daño la reparación la realizará el autor del mismo.
Asimismo, cualquier persona podrá remover todo obstáculo construido o colocado en la infraestructura, que no hayan sido previstos en el proyecto, no cumpla alguna función y no tenga la autorización de la autoridad competente.
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