Para más de 500 mil funcionarios públicos del país, la noticia que desde el 1 de enero de 2017 entra en vigencia el nuevo procedimiento para la presentación de las declaraciones juradas, es un alivio, pues este trámite se convirtió en una odisea, porque era necesario hacerlo notarizar y eso tomaba tiempo y dinero. Sin embargo, eso terminó, porque se lo podrá realizar desde una computadora y en cualquier sitio.
Esta mañana, en la Contraloría General del Estado, empezó el proceso de socialización. Según explicó el Contralor, Carlos Pólit, la ley se diseñó para facilitar el control, pues cualquier ciudadano podrá acceder a la información en lo que respecta a bienes de los funcionarios públicos. “No se trata de un instrumento de persecución, pues lo que respecta a números de cuenta, tarjetas de créditos, débito o cualquier otro instrumento financiero no será accesible. Es decir, se implementarán mecanismos para que las declaraciones tengan un carácter público”, dijo Pólit.
Existe un reglamento, que brinda las seguridades de los declarantes, que estará listo el 1 de enero a la par de la puesta en vigencia de la ley. “Impulsamos la Revolución Ética, para tener un trabajo más articulado entre todas las funciones del Estado. Esta ley significa un ahorro de más de 10 millones de dólares anuales para los funcionarios públicos, además de que se evita la pérdida de tiempo en un trámite que no servía para nada, porque nadie garantizaba la veracidad de lo que se colocaba en la declaración patrimonial jurada, esa veracidad la da el ciudadano”, aseguró Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.
Control eficiente
La idea es que los ciudadanos tengan acceso a esa información, con el objetivo de hacer un control social cada vez más eficiente. Para Johanna Cedeño, no cabe deslegitimar la declaración jurada en línea, porque según explicó, eso sería dejar sin piso también a los procesos que se hacen en red en el Servicio de Rentas Internas. “Se demuestra que se facilitan las cosas, que es un sistema efectivo y que significa ahorro en todo sentido para los ciudadanos”, aseguró Cedeño.
Los funcionarios públicos tendrán acceso a este servicio que no tendrá costo, es decir, ya no habrá que pagar los 25 dólares que se necesitaban para notarizar el documento, mientras que la Contraloría ya no tendrá que mantener en bodega más de 45 millones de documentos que deben pasar a un sistema informático, pues al hacerlo a través de la red, esa información se guarda de forma automática. “Ecuador era el único país en América Latina en donde era necesario hacer la declaración juramentada a través de un notario, pero con el nuevo procedimiento se agiliza el trámite”, finalizó la Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana.
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