Nuria Butiñá Martínez, directora Nacional del Registro de Datos y Marcelo Espinel, coordinador General del Observatorio Legislativo formularon varias observaciones al proyecto de Ley de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales, en la Comisión de Justicia.
Butiñá reconoció como justa la preocupación respecto a la comercialización, tráfico y mercantilismo que se puede hacer con las bases de datos, sin consentimiento de los ciudadanos, lo que es necesario corregir y poner un alto definitivo a la temática.
Manifestó que el artículo 66 de la Constitución, en sus numerales 11, 19 y 20, en cuanto a los derechos de libertad, determina, con claridad, el derecho de las personas a guardar reserva sobre sus convicciones, a la protección de datos de carácter personal y a la intimidad personal y familiar.
Precisó que la Dirección de Registro de Datos regula, controla e interopera la información de carácter público, con seguridad jurídica, veracidad, transparencia y eficiencia y que ha logrado democratizar la información, facilitar el acceso a la información, proteger la información en la interoperabilidad de datos y protección de la privacidad de la información del ciudadano.
Enfatizó que actualmente se encuentra vigente la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que regula el Registro de Datos Públicos y su acceso, así como la confidencialidad de los datos, por lo que no tendría sentido la expedición de una nueva ley sobre la materia, más bien sería necesario el fortalecimiento del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos enfocado en la ampliación del alcance de la protección de datos personales y las facultades sancionatorias al respecto.
No ocultar información pública
El Estado, en estricto observancia del derecho ciudadano al control social y al acceso a la información pública, debe permitir y facilitar el acceso a esta información, más aún sobre las opiniones políticas, académicas y patrimoniales, dijo Marcelo Espinel.
Agregó que en el caso de ciudadanos que buscan acceder a un cargo de elección popular y esán inmersos en contratación pública, esa información referente al patrimonio, a la formación académica o las opiniones políticas permite ejercer un control social, e incluso la población puede mantener un voto informado.
Es fundamental proteger la intimidad de los ciudadanos y su privacidad, pero se debe comprender que hay información de interés público que permite garantizar el derecho a la información y promover la transparencia.
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