La Comisión de Participación Ciudadana cumple un cronograma de talleres en diferentes provincias del país, con el objetivo de que los funcionarios públicos y también los ciudadanos, conozcan los beneficios de la Ley de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas, que entra en vigencia el primero de enero de 2017. Johana Cedeño, presidenta de esa comisión, aseguró que se trata de una ley que ahorrará tiempo y dinero.
Según datos de la Contraloría General del Estado, existen alrededor de 4 millones de documentos en las bodegas y para ingresar esa información al sistema era necesario la contratación de personal adicional. Sin embargo, con la normativa, se evita que esto suceda, pues se puede acceder desde un computador y los datos ingresan de forma directa. “Significa un avance, no solo para los funcionarios públicos, para quienes se facilita este trámite, sino también para los ciudadanos, que tendrán la posibilidad de esclarecer dudas, porque se transparenta la información”, explico Johanna Cedeño.
Confidencialidad bajo llave
Una de las preocupaciones de los usuarios se refiere a la confidencialidad de los datos. Sin embargo, la legisladora aclaró que existe información que no será visible, como los números de cuenta, tarjetas de crédito, por lo que se descarta que exista inseguridad. “Cuando uno va a un cajero automático le piden una clave y un nombre de usuario o el número, lo mismo sucederá con este sistema”, explicó Johanna Cedeño.
Los primeros talleres se realizaron en Quito y Guayaquil, en donde participaron más de mil personas. Para diciembre, Santo Domingo, Tungurahua y Bolívar serán las provincias a visitar. La Contraloría tendrá lista la plataforma tecnológica y el reglamento, para el momento en que la ley entre en vigencia.
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