Frente a los hechos de biopiratería y patentamiento no autorizado del Patrimonio Natural y Bilógico del Ecuador, la Asamblea Nacional resolvió difundir en los parlamentos regionales el contenido del informe sobre Biopiratería presentado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que evidencian procesos ilegales de las patentes de los recursos genéticos ecuatorianos.
El patrimonio biológico y genético y sus derivados, los conocimientos tradicionales del Ecuador, así como sus componentes intangibles asociados, saberes y conocimientos ancestrales, se han visto afectados con el patentamiento fuera de los parámetros constitucionales, tratados y convenios internacionales, normas de la Comunidad Andina y demás instrumentos de protección del patrimonio tangible e intangible de los Estados, argumenta la resolución aprobada por 78 legisladores.
En el documento también se precisa que el acceso ilegal a los recursos genéticos y biológicos, afecta la soberanía del país y reproduce la dependencia histórica y el modelo económico primario exportador derivado del contexto geopolítico de hegemonía de los países industrializados que impiden a los Estados la posibilidad de administrar la biodiversidad en provecho propio, con interés público y distributivo.
En este contexto, el Legislativo solicitó a las autoridades encargadas del registro y observancia de patentes en el extranjero para que tomen medidas específicas en el marco del cumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica, impidiendo de manera efectiva el patentamiento de invenciones que vulneren los derechos del Ecuador sobre su patrimonio biológico y genético, toda vez que el arbitrario e ilegítimo patentamiento de invenciones desarrolladas a partir del patrimonio biológico y genético del Ecuador, que no han contado con permisos del Estado ecuatoriano, no pueden quedar en la impunidad.
De igual manera instó a los titulares, solicitantes de patentes o investigadores que omitieron el proceso de la autorización del Estado para la investigación de los recursos genéticos, a la regularización de dichas solicitudes o procesos de patentamiento, remitiendo además al Estado toda la información relativa a los recursos genéticos y sus productos derivados.
También pide al Gobierno defina un sistema de información a la ciudadanía para mejor control de los recursos genéticos.
La autora de la propuesta, Ximena Ponce, manifestó que el documento responde a hechos de biopiratería y patetamiento no autorizado de nuestro patrimonio natural y biológico que ha sido extraído sin ninguna autorización y conocimiento de los organismos pertinentes y es utilizado en otros países y que posiblemente regresará transformado en algún producto en el cual tendremos dependencia económica.
Aclaró que la propuesta surge porque la Senescyt ha elaborado el primer informe sobre biopiratería en el Ecuador que fue presentado al público en junio de 2016, mismo que contiene aspectos importantes como la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes; la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos a partir de los recursos genéticos y que revela que hemos sido objeto de actividades de biopiratería.
La legisladora pidió no solo defender los derechos de la naturaleza y del ecosistema, sino sancionar los actos dolosos de los que somos objeto por una legislación difusa y que ahora se corrige a través del Código Ingenios, Código de Ambiente y otras normativas. Llamó a rechazar los actos de biopiratería y patentamiento y la reparación que es lo que busca el informe de la Senescyt.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri, dijo que el tema es trascendental y tiene dimensiones globales. Recordó que las situaciones de biopiratería vienen desde hace muchos años.
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