El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los derechos de la naturaleza, nuevas formas de valoración ambiental y articulación con los saberes indígenas y el régimen institucional fueron los temas con los cuales los legisladores iniciaron el análisis del proyecto de Código del Ambiente.
Los legisladores observaron temas como las facultades de los tres niveles de gobierno, reconocimiento en materia ambiental de los regímenes especiales de Galápagos y de la Amazonía y reconocimiento de los derechos del uso común.
La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, sostuvo que el código es necesario para ir a una codificación de la legislación en materia ambiental, que responda a las necesidades actuales de la sociedad ecuatoriana en torno a problemas de indicadores de contaminación, amenaza sobre especies en peligro o ir a la innovación y generación de incentivos en materia ambiental.
Dijo que la Autoridad Ambiental Nacional debe contar con una herramienta jurídica que permita generar incentivos en cambios de comportamientos o hábitos que promuevan posibilidades de actuar más amigablemente con el ambiente.
Cree que el Ministerio de Ambiente debe regular no solo ámbitos en torno a la biodiversidad, sino al manejo extractivo de nuestros recursos naturales. Se pronunció por la necesidad de generar incentivos verdes para la producción más limpia y las certificaciones de origen que permitan fomentar actividades productivas que reduzcan los impactos ambientales.
Explicó que el código propone dejar en el pasado esa visión conservacionista, extrema, hacia una posición inteligente, técnica, de usar adecuadamente nuestros recursos, lo que tiene que ir de mano con las autoridades seccionales, juntas parroquiales, gobiernos provinciales y con todos los ciudadanos.
“Necesitamos que los 221 cantones tengan y ejerzan adecuadamente competencias en materia ambiental”, dijo al señalar que al Ejecutivo le queda la competencia en materia de sectores estratégicos. “El Código no busca solo sancionar, sino educar, prevenir y sobre todo fomentar la investigación, recalcó.
Gilberto Guamangate pidió considerar varios elementos que son importantes para ejecutar acciones en el ámbito de los gobiernos seccionales. Uno de ellos es sobre las facultades de la Autoridad Ambiental, para otorgar, suspender y controlar las autorizaciones administrativas en materia ambiental. A su criterio no existe la coordinación efectiva en la ejecución de obras, como la construcción de vías.
Propuso que en el ámbito de sus competencias se faculte a los tres niveles de gobiernos: Gobierno Central, GAD Provincial y GAD, Municipal la posibilidad de otorgar licencias ambientales para efectivizar la ejecución de proyectos y no recaiga esta competencia solo sobre la Autoridad Ambiental.
César Umaginga manifestó que el proyecto de Código de Ambiente involucra al agua, la semilla, la reserva ecológica, los páramos, las fuentes de agua. Explicó que la protección ambiental está contemplada en la Constitución, que reconoce derechos irrenunciables, pero lamentablemente, existen leyes que concentran atribuciones en el poder central dejando de lado a los gobiernos autónomos descentralizados.
Para Oscar Ledesma, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, el planeta Tierra está enfermo, porque desgraciadamente el hombre y las sociedades han creído que la naturaleza es de su propiedad y han convertido actividades mercantilistas en explotación indiscriminada de recursos sin ninguna previsión.
Aseveró que un cuarto del planeta avanza inexorablemente en la desertificación y la erosión. Miles de millones de personas tienen que dejar el sector rural y desplazarse a las ciudades porque los desiertos han crecido por la falta de agua, lo que hace que la tierra se vuelva improductiva.
Explicó que el 97% del agua del planeta es salada y que del 3% restante más del 1% es agua contaminada por empresas, por residuos, por aguas servidas de las ciudades, del tratamiento inadecuado de los desechos sólidos, porque en la mayoría de la población no existe la cultura de respetar a la naturaleza, afirmó.
Es importante la armonía entre la naturaleza, hombre y economía y el aprovechamiento racional de los recursos, sostuvo Ledesma al solicitar que se incluya el reconocimiento en materia ambiental de los regímenes especiales de Galápagos y de la Amazonía.
Mientras tanto Luis Fernando Torres se refirió a tres aspectos específicos: a las competencias de los GAD provinciales y municipales. Recordó que la Constitución determina que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva.
Pamela Falconí recalcó la importancia del enfoque biocéntrico de ubicar una nueva concepción que va más allá de los debates académicos, jurídicos y teóricos y pidió reconocer los derechos del uso común, como las fuentes de agua.
RSA/pv
