La Comisión de Gobiernos Autónomos inició la socialización del proyecto de Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos. Ayer avocó conocimiento y hoy inició el debate con el ministro subrogante de Desarrollo Urbano y Vivienda, Fabián Albán. El funcionario aclaró que la iniciativa es diferente a la que se presentó hace más de un año a la Asamblea, porque incorpora algunos conceptos urbanísticos.
Explicó que con el proyecto se generan herramientas e incentivos para evitar la especulación. Un bien que está al lado de otro, con los mismos servicios, no cuesta lo mismo, varía porque no tiene un criterio técnico. Esto perjudica a los propietarios y a los municipios, sostuvo. Dijo que las fórmulas se han calculado con ejemplos reales. En Manabí, por ejemplo, mientras un bien que costaba 12 centavos el metro cuadrado, el que colindaba se lo vendía en 45 dólares. Esos criterios se deben corregir, añadió.
Indicó que en la aplicación de este tributo a las ganancias extraordinarias se han establecido exenciones para que los mercados del sector inmobiliaro no se vean afectados. Aclaró que no se los está premiando, sino que se los apoya para que su capital continúe circulando, genere liquidez en el mercado y más mano de obra. Además, manifestó que se ha establecido la opción de que el 75% del impuesto no se lo pague en la primera venta, porque en esta etapa se están sincerando los precios. En cambio, en la segunda la transacción ya se realiza con valores reales.
Por eso, el funcionario señaló que otro de los elementos que se incorpora en el proyecto es la actualización de los catastros y que los municipios tendrán dos años para hacerlo. Dijo que con algunas experiencias, como la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 16 de abril, han surgido algunos elementos como el retraso en algunos procesos por la falta de catastros, que en algunos casos no existían y otros estaban desactualizados.
La falta de estos registros actualizados genera problemas, indicó. Si se va a expropiar un terreno, toma un gran tiempo hasta que tengamos actualizado el catastro, eso está ocurriendo con la emergencia por el terremoto. Significa que la obra se paraliza, que los municipios tengan menos recursos para hacer obras, pero también causa un perjuicio para el propietario que no tiene un valor real del predio, precisó.
Acotó que otra de las razones de la actualización de los catastros es apoyar a los gobiernos autónomos descentralizados en el establecimiento de políticas públicas y darle mayor fuerza a las facultades que tendrá la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, creada con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.
Expuso que si no ponemos precios reales se puede generar una burbuja inmobiliaria. Significa que alguien compra un bien con precio superior al real y que el banco que lo financie tiene una garantía inferior.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, afirmó que la actualización de los catastros permite la autosostenibilidad en algunos municipios. Esos recursos sirven para ampliar la dotación de servicios, agregó.
En tanto, Liliana Guzmán, expresó que la mayoría de los ciudadanos no somos especuladores, por eso el 40 % de los ecuatorianos no tiene acceso a vivienda.
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