En el inicio del primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, varios legisladores se pronunciaron sobre una eventual revisión de la base imponible para liquidar la ganancia extraordinaria, que en la propuesta es de 24 salarios básicos unificados.
También se resaltó la necesidad de dotar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos herramientas para controlar la especulación del precio de la tierra y dictar regulaciones para el establecimiento de los ingresos extraordinarios en la actividad minera.
Alexandra Ocles destacó que el proyecto exonera a las personas naturales o jurídicas que tenga como actividad económica habitual la promoción inmobiliaria. Dijo que el impuesto se aplicará a la ganancia extraordinaria, de modo que la mayoría de ecuatorianos no tendrá que pagarlo.
Al señalar que en los últimos años ha primado la especulación del suelo, tráfico de tierra, la vivienda como mercancía, asentamientos irregulares, elevados costos para acceder al suelo, expresó que la vivienda es un derecho y no una mercancía y hay que garantizarla.
Propuso aclarar el título del proyecto que incluye a la tierra rural, aspecto que ya está regulado; promueva la actualización de los avalúos por parte de los GAD; analizar la ampliación de la franja exenta para que pase de 24 salarios unificados a un valor mayor, que puede ser de 48 a 50 salarios básicos unificados.
Con esta última propuesta coincidió Fausto Terán y se considere una base equivalente a 56 salarios básicos unificados. Sugirió que para el caso de revisión y actualización del catastro se ponga como base el año 2016 y que en las exoneraciones se incluya a las tierras rurales.
A parecer de Oswaldo Larriva la normativa tiene un interés creado para favorecer a las mineras, que están empezando a causar problemas. Dijo que el tema de la plusvalía ha causado un malestar y preocupación en los ecuatorianos, a la vez que pidió revisar los avalúos en los espacios municipales, argumentando que se podría regular el tema a través de las leyes vigentes.
Antonio Posso manifestó que no se puede afectar a la propiedad bien ganada por la gente, a la vez que aseguró que no posible que se paralice la inversión en la construcción, mientras que Diego Salgado discrepó con el título en lo referente a la palabra “especulación “. Llamó a garantizar el justo propósito de crecer de los ecuatorianos porque no todas las mejoras en los barrios son hechas por los municipios o el gobierno central.
Liliana Guzmán se mostró de acuerdo con la necesidad de regular el precio de la tierra para evitar la especulación. No se ha sincerado el valor efectivo de la transacción de un bien, lo que genera especulación, explicó.
Para Mae Montaño el momento del debate está ligado a una grave crisis económica. Hizo observaciones a la disposición relacionada a las ganancias extraordinarias de las mineras.
En tanto René Caza también resaltó que la vivienda es un derecho, no una mercancía, a la cual no pueden acceder muchos ecuatorianos por el alto costo del suelo urbanizado. Este es el centro del debate de este proyecto de ley que no es confiscatorio, puntualizó.
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