Esta tarde, en la Asamblea Nacional, los asambleístas por Azuay Rosana Alvarado, Diego Vintimilla y Liliana Guzmán, presentaron la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en torno a la violencia de género, que entre otras cosas, busca ponerle un freno a este tipo de casos en el país y que cuando se registren, se sancionen y garanticen los derechos de las víctimas.
Según explicó Diego Vintimilla, plantean en la parte medular de la reforma la incorporación de una serie de reglas para que los jueces puedan tener las herramientas necesarias para juzgar de forma efectiva. “Se trata que el proyecto entre a la Comisión de Justicia de forma rápida y se apruebe. Es obvio que se someterá a un intenso debate, en donde se escuchará a todas las partes involucradas, con el objetivo de tener una reforma que sea un eje de respeto a los derechos”, dijo Vintimilla.
Además plantean de 7 a 30 días de prisión por las lesiones que causen incapacidad y de 3 a 7 días y trabajo comunitario para todas las agresiones que no presenten lesión, pero que sí registren destrucción de bienes y maltrato verbal. “Hace poco más de dos años se tipificó la violencia patrimonial pero no se logró que esté en un articulado, por lo que hacemos uso de otra puerta para que se ejecute. El que se juzgue la violencia física y psicológica es parte de esta reforma. El objetivo es lograr una propuesta fortalecida que permita a las víctimas tener claridad del tipo penal al que pueden demandar cuando sus derechos se vulneren y que existan resultados que garanticen las sentencias y que estos hechos no se vuelvan a suscitar”, dijo Gina Godoy, coordinadora del Grupo Parlamentario.
Grandes avances
Para Moni Pizani, representante de ONU Mujeres Ecuador, existen grandes avances. “Brindamos asistencia técnica al Grupo Parlamentario, en la revisión de proyectos de ley, además en la identificación de nudos críticos en la aplicación del tipo penal de violencia psicológica, para tener elementos para la respuesta del Estado en estos casos. Nos queda pendiente la revisión de la legislación para adecuarla tanto a la Constitución de 2008 como a los instrumentos internacionales”, aseguró.
Dentro de la reforma se prevé incorporar la designación de una pensión de alimentos mientras se llevan a cabo las medidas para garantizar la alimentación de los hijos. Además, la información se usará solo para el proceso, es decir será restringida y se podrá ordenar el allanamiento o la rotura de cerraduras para evitar que el maltrato siga. También se impide que se repita el peritaje, porque eso revictimiza a la mujer agredida.
Dentro de la propuesta se incluye el hecho que la Defensoría Pública esté obligada a la asistencia legal y tanto médicos como policía tienen una obligación, es decir, los médicos emitir el informe y policía determinar la flagrancia y detener al agresor. “Trabajar sobre un tema que provoca alarmas, preocupación, indignación e impotencia es un compromiso expresado en el Plan Nacional del Buen Vivir”, finalizó Gina Godoy.
Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, hizo énfasis en el trabajo deplegado entre el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y ONU Mujeres. "Enumerar todos los convenios y acuerdos logrados con la ayuda de ONU Mujeres en Ecuador sería extenso, pero sabemos que fue una labor ardua, en donde compartimos objetivos para velar por los derechos de las mujeres y en algunos casos esos objetivos se convirtieron en leyes", dijo.
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