Asamblea debatió el proyecto de Ley para la eficiencia en la contratación pública

Miércoles, 28 de diciembre del 2016 - 13:43 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Luego de la intervención de 8 legisladores quienes dieron observaciones al proyecto de Ley para la Eficiencia en la Contratación Pública, la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, suspendió el segundo debate de este tema.

La propuesta crea mecanismos que permitan al Gobierno Central recuperar parte del beneficio generado por la realización de obras públicas de su competencia; soluciona problemas vinculados con la especulación del suelo que limitan la gestión expropiatoria del Estado y retrasan la ejecución de obras públicas impulsadas por el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros aspectos.

Distintos criterios se emitieron en la sesión 428 del Pleno. La Legisladora María Augusta Calle resaltó la importancia de la ley, argumentando que marca reglas claras en el proceso de contratación pública y se pone techos a contratos complementarios.

Dijo que en la propuesta es necesario hacer una diferenciación entre lo que es un terreno de engorde y lo que es un terreno para vivienda. Le preocupa el contenido del artículo 7, pues hay que analizar si los actores de la economía popular y solidaria pueden tomar sus facturas y negociarlas en la Bolsa de Valores, pues por la premura de tener dinero correrían el riesgo de perder capital.

De su lado, el legislador René Caza manifestó que la contribución especial permitirá al gobierno central recuperar inversiones por mejoras por la ejecución de obras públicas, lo cual aumenta la plusvalía de propiedades que se encuentran en su alrededor. Resaltó el modelo de la economía popular y solidaria que crea fuentes de trabajo, incentiva productividad, genera riqueza y pidió que se tome en cuenta en la ley a los actores de la economía popular y solidaria.

Mientras que la legisladora Mariangel Muñoz señaló que ciertos alcaldes abusan en el tema de la expropiación y toman decisiones ilegales y arbitrarias. En la ley hay que poner un límite a este particular, pues los alcaldes no pueden ser las únicas autoridades que decidan sobre las expropiaciones, para ello existe un concejo cantonal que decidirá en forma democrática este tipo de decisiones que afectan por lo general a los más débiles.

El parlamentario Oswaldo Larriva mencionó que con la propuesta se podría desalentar a la ciudadanía para que invierta y utilice sus ahorros para comprar un bien. El legislador Luis Fernando Torres señaló que la normativa prevé un nuevo tributo, con la denominación de contribución especial por mejoras, recursos que irán a la administración pública nacional.

El asambleísta Miguel Moreta expuso su desacuerdo con la contribución especial por mejoras, argumentado que es un impuesto a favor de instituciones públicas. César Umaginga habló de la necesidad de mejorar el sistema de contratación pública para alcanzar eficiencia. Expresó que tan solo 24 municipios del país tienen levantado el informe del catastro.

JLVN/pv

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