Ernesto Pazmiño Granizo, defensor público del Ecuador, habló sobre el trabajo de esta dependencia durante 2016. Dijo que uno de los objetivos de esta entidad fue descentralizar su gestión, para lograrlo instalaron más puntos de atención en diferentes cantones y parroquias y ahora suman 205. Acotó que la descentralización de su labor responde a la misión de la Defensoría, que se emprendió con el mismo presupuesto del 2015.
La Defensoría Pública forma parte de la Función Judicial y su fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
Durante su intervención, en el Pleno de la Asamblea Nacional, invitó a la reflexión y debate en torno a tres temas sustanciales de carácter social: la legalización del cannabis para usos terapéuticos, despenalización del aborto en casos de violación y regulación de la medida cautelar de prisión preventiva, desde una visión más humana y justa.
El funcionario acotó que los actos de violencia física, mental y social responden a la sociedad patriarcal y una cultura de violencia, que no conoce la equidad. Dijo que la construcción de una sociedad más justa y humanitaria constituye una responsabilidad ciudadana, pues aseguró que una cultura de violencia no se resuelve de forma integral solo con la aplicación de una normativa como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sino con un cambio de actitud. “No es posible que una mujer pobre que aborta sea encerrada en la cárcel. No podemos seguir castigando y victimizando a la mujer”, agregó.
En cifras
En el país, cada año se registran alrededor de 2 mil casos de niñas menores de 14 años con embarazos. El porcentaje de partos de niñas de entre 10 y 14 años, se incrementó entre 2002 y 2010 en aproximadamente un 78,1%. A escala regional, Ecuador ocupa el segundo lugar, tras Venezuela, en la lista de países donde la tasa específica de fecundidad adolescente no disminuyó en los últimos años, según datos de la investigación ´Vidas Robadas, entre la omisión y la premeditación; la situación de la maternidad forzada en niñas del Ecuador´, presentada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“Es necesario reformar el COIP desde una perspectiva más humanitaria”, dijo. En este contexto, el 6 de julio de 2016 propuso el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, a fin de eliminar la desproporcionalidad sobre las penas. “Un hurto tiene una pena de 9 años 4 meses que supera, por ejemplo, a delitos como el enriquecimiento ilícito”, explicó Ernesto Pazmiño. Esta propuesta también contempla la despenalización del aborto en casos de violación.
Ernesto Pazmiño dijo que es fundamental establecer mecanismos para evitar los casos de corrupción en el país.
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