La Comisión de Educación profundizó el análisis de resultados del proceso de intervención de la Universidad Nacional de Loja, a cargo del Consejo de Educación Superior (CES), desde junio de 2016. El rector, Gustavo Villacís, las autoridades del CES y de la Comisión Interventora, mediante comunicación escrita, se excusaron de acudir al organismo.
En todo caso, la mesa legislativa recibió a un grupo de estudiantes y egresados que forman parte del Plan de Contingencia de la universidad lojana, quienes señalaron que hoy enfrentan una serie de inconvenientes que les impiden culminar las respectivas carreras. Es más, el Plan de Contingencia se cerraría en las próximas semanas y tendrían que pasar a la modalidad de Estudios a Distancia (MED), lo que agravaría su situación, enfatizaron.
El asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, no justificó los argumentos esgrimidos por el CES y el Rector y dijo que quizá tiene sentido la no asistencia del Interventor, que entró en funciones esta semana, tras anunciar que se establecerá nueva fecha y hora para dichas comparecencias.
"No es válido decir que el Pleno del Consejo de Educación Superior sesiona los miércoles y por ello no pueden cumplir la convocatoria de la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Educación", dijo, al recordar que al economista René Ramírez se le citaba los miércoles y asistía normalmente, con algunos vocales de la entidad. Aseguró que esperan que el tema no se dilate más tiempo, porque es un clamor de la ciudadanía conocer cómo avanza la intervención.
Preocupación de estudiantes - Plan de Contingencia
Ángel Mejía, representante de la Facultad de Derecho – Plan de Contingencia, expresó que 800 personas están inmersas en el plan, quienes por la intervención, cambio del personal académico y docentes, no pueden culminar las diversas carreras.
Explicó que 70 personas de Jurisprudencia cumplieron todos los requisitos para alcanzar la titulación, pero que los problemas descritos y concretamente, la falta de firma del certificado que avale las prácticas preprofesionales, impiden el reconocimiento de la aptitud legal para solicitar la defensa privada y posteriormente la pública y así incorporarse.
El asambleísta, Ricardo Moncayo cuestionó los resultados prácticos del cierre de universidades y el Plan de Contingencia, que según él, perjudicó gravemente a miles de estudiantes del país. Citó el caso de la Universidad de Chimborazo, que hoy labora en las carreras de Odontología y Arquitectura, con los mismos profesores, equipos y en el campus del centro de estudios, cerrado anteriormente y tildado de garaje.
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