Las observaciones se refirieron, en cambio, a la constitucionalidad del proyecto, argumentando que aborda varios temas y se refiere a seis o siete cuerpos legales y a la necesidad de crear normas que faciliten a los ecuatorianos residentes en el exterior la generación de proyectos productivos.
Enrique Herrería sugirió que en los incentivos se incluya también a las ciudades de Quito y Guayaquil, considerando que el puerto principal tiene el 46 por ciento de los desempleados.
Silvia Salgado respaldó esta iniciativa, argumentando que permitirá asegurar el equilibrio territorial en el Ecuador.
A su vez, Patricio Rodríguez propuso que se incluyan normas que les aseguren un retorno digno, económico y sustentable, que a su vez les permita generar proyectos productivos en el Ecuador y multipliquen las inversiones, como elemento generador de riqueza y empleo.
Entre tanto, Gilmar Gutiérrez manifestó que es positivo que el gobierno promueva la inversión privada, pero que para ello se requiere eliminar todos los desincentivos, como por ejemplo el Impuesto a la Salida de Capitales.
Comentó que la falta de inversión le asfixia al país, a la vez que aseveró que en el 2010 las inversiones en el Ecuador bordean los 207 millones de dólares, mientras que en Colombia es de 1243 millones y en Perú 1640 millones.
De su lado, Paco Moncayo calificó como importante que el gobierno desarrolle acciones para financiar los objetivos de la Constitución, como el principio del buen vivir y dotar de recursos a sectores como la educación y la salud y asegurar la adecuada distribución de la riqueza, por lo que requirió replantear la forma de cálculo del salario digno.
El Código debería apuntar a generar empleos bien remunerados, dijo, a la vez que aseveró que si bien está de acuerdo con mantener el impuesto del 2% a la salida de capitales, debería eliminarse todo impuesto de salida de divisas que sea para mejorar nuestra producción y tecnología.
Para el asambleísta Armando Aguilar, el código dinamizará la economía, inclusive en las zonas deprimidas y de frontera, puesto que se generan condiciones favorables para que los inversionistas contraten la mano de obra local, con la creación de incentivos.
Coincidió con la preocupación de Paco Moncayo en torno a la reforma al Código del Trabajo que le faculta al Ministerio de Relaciones Laborales regular otras formas de ejercicio laboral, argumentado que podría dar lugar a la precarización del trabajo que ya fue eliminada por la Constitución.
PV